Individualismo, ausencia de empresas que tengan grandes plantillas, movilidad de personal, cierto acomodo y temor a represalias patronales en una sociedad pequeña explican la ausencia de movilizaciones colectivas en Menorca, inexistentes si las comparamos con las que ocurren a nivel nacional en el sector público.
Una buena prueba de ello puede ser el poder de convocatoria que puede tener la manifestación convocada por los sindicatos para celebrar el Día del Trabajador, este 1 de mayo, con salida a las 12 horas en la Esplanada de Maó y llegada a la Miranda.
El tramo final de la legislatura está ofreciendo una sucesión irrefrenable de convocatorias de huelga que plantean pulsos al gobierno y acaban surtiendo efecto. Desde los médicos hasta los trabajadores de justicia, incluidos letrados y a partir del 16 de mayo, jueces y fiscales, pasando por funcionarios de enseñanza, inspectores de trabajo y seguridad social, SEPE... aún con circunstancias dispares, las quejas de los empleados públicos son comunes. Falta de personal que les obliga a asumir otras tareas, aumento de trabajo y, como consecuencia, exigencia de una subida del salario donde encalla la negociación hasta que el ministerio correspondiente abre la mano.
El sector privado es otra historia aunque sus trabajadores padecen, tanto o más que en el sector público, el incremento de la inflación, las cargas de trabajo y los sueldos precarios sin que se aplique el incremento del IPC en muchos casos. Incluso huelgas convocadas por sectores a nivel nacional no tienen una incidencia destacada en la Isla, salvo las generales, aunque la última queda lejos, el 29 de marzo de 2012. Sucedió el año pasado con la de transporte, y quizás la excepción fue la de calzado secundada mayoritariamente por los trabajadores de Mascaró, en Ferreries, el pasado diciembre. Julio de Olives, director general de esta empresa, asegura que «hay una comunicación fluida y constante con el comité, y nosotros estamos sujetos y cumplimos el convenio nacional del calzado». De Olives opina que tanto en la privada como en la pública «todos tienen los mismos derechos», por eso cree que «es similar» la conflictividad en ambos casos.
«Venimos de una situación tan esperpéntica que nos hace ser más comprensivos con la empresa aunque no nos hayan subido el sueldo porque estamos vinculados al convenio de lácteo», explica Margot Sastre, delegada de los trabajadores de Quesería Menorquina, cuya última huelga ya data de la época de los Ruiz Mateos». Sastre, no obstante, hace un diagnóstico ajustado a la realidad insular. «Aquí hay mucha movilidad en las empresas grandes, hay mucha gente que se marcha si no le gusta la situación, en cambio nosotros luchábamos».Por último admite que el miedo a las consecuencias, «la inseguridad ante las posibles represalias frena a muchos empleados para movilizarse».
Antonio Soria, secretario general de Comisiones Obreras opina que los menorquines «son los más reivindicativos de todo el Archipiélago, aunque no lo parezca». Sucede que hay un «individualismo excesivo, cuesta que la gente se una para protestar por algo». Está claro, añade que en el sector público determinados colectivos «tienen más fuerza para presionar sin poner en juego lo que ya tienen, el funcionario ha hecho una oposición y tiene su trabajo seguro». En el privado hay otros cauces para resolver conflictos, como inspecciones o el Tamib antes de llegar a la huelga, señala Soria. En todo caso, «lo que diferencia al trabajador público del privado es que la movilización de este último es individual y la pública es colectiva.
CCOO y UGT abren una media de 200 expedientes de trabajadores el pasado año y UGT otros tantos. «El egoísmo y la impaciencia son constantes en este mundo», observa Joan Caules, abogado de Comisiones. Es en la hostelería donde la conflictividad puede ser mayor pero la resolución es nacional. «Es en la pequeña empresa donde un empresario puede tener problemas con un trabajador y acude al sindicato, o bien en empresas que cierran». En este sentido, destaca la solución de los ERTE que aplicó el gobierno al inicio de la pandemia «porque paralizó toda la conflictividad que habrían generado los despidos».
Servando Pereira, al frente de UGT, explica que el convenio de hostelería y los contratos fijos discontinuos han estabilizado al sector. «No nos llega que la gente esté insatisfecha», indica, aunque lamenta que «si es verdad que tenemos parados en Menorca los empresarios digan que necesitan gente, no puede ser que no hagamos nada». Que no haya movilizaciones colectivas en la Isla responde «a que esto es pequeño, todo el mundo se conoce y es complicado, somos los sindicatos los que tomamos la iniciativa a la hora de denunciar».