Un menorquín solicitó el año pasado poder acogerse a la ley aprobada en 2021 que regula la eutanasia. Fue una de las 25 peticiones que se cursaron a nivel balear, de las cuales seis se ejecutaron, según ha informado este viernes el Govern, que ha precisado que de estas, cuatro personas sufrían patologías neurológicas, una oncológica y la otra traumatológica.
El Govern ha dado a conocer las informaciones emanadas de la Comisión de Garantía y Evaluación del Derecho a la Prestación de Ayuda para Morir en las Islas en su memoria anual, que estará disponible en los próximos días en el espacio web del Servicio de Planificación Sanitaria, así como también en el espacio web de Eutanasia de la Comunidad Autónoma. En esa recopilación se plasman las solicitudes de eutanasia por islas: de las 25 solicitudes recibidas a lo largo de 2022, 18 se tramitaron en Mallorca, 1 en Menorca y 6 en Eivissa.
Por sexos existe plena igualdad, puesto que 13 correspondían a hombres y 12 a mujeres. En cuanto a las edades una tenía entre 18 y 30 años, otras dos entre 30 y 39, una más entre 40 y 49 años, la mayoría (7) contaban entre 50 y 59 años, 3 más entre 60 y 69 años, 5 entre 70 y 79 años, 3 entre 80 y 89 años y 3 de 90 a 100 años. La mayoría de solicitudes (11) presentaban patologías neurológicas y oncológicas (9).
Un total de seis personas recibieron la eutanasia en Balears durante el año 2022, una prestación que se puso en marcha el 25 de junio de 2021 en cumplimiento de Ley Orgánica 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la Eutanasia, según ha informado este viernes el Govern, que ha precisado que de estas, cuatro personas sufrían patologías neurológicas, una oncológica y la otra traumatológica.
Sobre las eutanasias practicadas en Baleares, 2 eran hombres y 4 mujeres, y en relación con el tiempo de respuesta todas las solicitudes han sido atendidas dentro de los plazos que marca la normativa.
Cabe recordar que la Ley Orgánica 3/2021 establece un procedimiento complejo para la solicitud y verificación de la prestación de la eutanasia. En el caso de Balears, la media de días entre la primera solicitud y la realización de la prestación ha sido de 58 días, teniendo en cuenta que en algunos casos se solicitaron aplazamientos por decisión del propio paciente.
Actualmente ya se ha aprobado el decreto regulador del registro de objetores en el que se pueden inscribir todos los profesionales implicados directamente y que quieran acogerse a su derecho de objeción a participar en esta prestación garantizada por el servicio público de salud. El registro se encuentra en estado de pruebas técnicas.