El edificio Marina Mahón, en la colársega del puerto, quedó este miércoles libre de okupas tras una intervención rápida de una empresa especializada en desalojos, Desocupaciones Mallorca, contratada por la propia comunidad de propietarios.
Los cuatro apartamentos okupados ilegalmente están situados en los bloques números 11 y 12. Hasta la fecha tenían como moradores habituales a nueve personas desde principios de año, de origen español, dominicano y colombiano. Entre ellas destaca la presencia de una joven, de nacionalidad dominicana, que está embarazada con cuatro meses de gestación. Los cuatro inmuebles son propiedad de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb), el denominado banco malo. Este había adquirido 46 de los 50 apartamentos como obra nueva finalizada en 2013 cuando sus promotores fueron presa de la crisis financiera.
Siete empleados de esta empresa de desokupación con sede en Palma se desplazaron a Menorca el lunes por la noche y comenzaron a trabajar el martes a primera hora de la mañana. Con la autorización escrita de la comunidad para que ejerzan como «porteros» de las diferentes entradas del edificio, fueron comprobando la identidad de todas las personas que entraban en él. «Si son propietarias o tienen un contrato de alquiler actuamos como cualquier encargado de una portería que se encarga de vigilar los espacios comunes, pero si no pueden acreditarlo se les informa que deben salir del inmueble, y cuando lo hacen ya no pueden volver a entrar», explica Sergio Cacho, encargado del grupo de profesionales desplazados a la Isla.
Se trata, por tanto, de una desokupación indirecta, la primera en Menorca de la que se encarga una empresa especialista, sin que haya tenido que intervenir el juzgado porque los «porteros» no acceden a los pisos sino que permanecen vigilantes en el exterior como si de conserjes de las escaleras se tratara.
Aceptación resignada
Aseguran los trabajadores que el desalojo se ha podido desarrollar con cierta tranquilidad, «la mayoría de los okupas han colaborado porque saben que tarde o temprano, de una forma u otra, tendrán que salir», señala Cacho.
Sin embargo, sí se registraron momentos de tensión el martes sobre las 3 de la tarde cuando los ocupantes de uno de los apartamentos fueron informados que si salían ya no podrían volver a entrar. Intervinieron varios amigos que llegaron al edificio e increparon a los empleados de la empresa. Fue requerida la presencia de la Policía Nacional, que acudió e identificó a algunas de las personas, e intervino un cuchillo de grandes dimensiones y una navaja, pero no practicó detenciones.
Uno de los empleados de la empresa recibió el impacto de un vaso de cristal en la espalda, explicó su encargado, aunque no ha presentado denuncia. Se produjeron algunos gritos en los accesos y discusiones entre los propios ocupantes que acabaron abandonando el lugar.
Durante este miércoles vaciaron otro de los apartamentos okupados, mientras que en el cuarto, que también lo estaba, al parecer actualmente no residía nadie, por lo que sus propietarios podrán recuperarlo. Los otros dos fueron desalojados el martes, previa firma y entrega de llaves de los okupas que habían vivido en ellos a los responsables de la empresa, que así completaron el trabajo para el que habían sido contratados.
Un okupa sufre fractura en un pie y asegura que fue un empleado quien le empujó
Uno de los okupas en la primera planta del número 12 aseguró este miércoles que la acción de uno de los empleados de la empresa hizo que se precipitara desde la terraza del piso. «Me agarró del brazo y caí, por lo que me fracturé un pie y tengo el otro dañado», explica. Dispone del parte médico y presentará la denuncia «cuando pueda caminar». Señala que se ha quedado en la calle, aunque espera poder acudir a recoger sus enseres. Vivía en el apartamento, en ocasiones con sus dos hijos menores, y con la pareja cuya mujer está embarazada. «Nos han intimidado y amenazado y a mí no me han ofrecido nada a cambio», se lamenta.
Las claves
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Los cuatro inmuebles okupados pertenecen a la Sareb
Los cuatro apartamentos okupados pertenecen a la Sareb, que había adquirido casi todo el edificio -46 de los 50 pisos- cuando ocurrió la crisis financiera en 2013. Actualmente ya se han vendido a particulares unos 35, han informado los administradores de la comunidad.
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Degradación del edificio y molestias continuas
La degradación del edificio sumado a las molestias por ruidos y suciedad llevó a la comunidad de propietarios el pasado marzo a buscar una solución para ganar tranquilidad y, en algunos casos, poder alquilar sus inmuebles con garantías. Muchos propietarios son de la Isla.
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Han de pasar 48 horas para que los dueños puedan volver a entrar
Una vez firmado el desalojo cuando el okupa entrega las llaves, debe transcurrir un plazo legal de 48 horas para que el propietario del inmueble pueda volver a entrar en el apartamento, explicó el administrador de la finca, que fue quien recomendó la empresa para la desokupación.
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