La reclamación patrimonial de 1,1 millones de euros que pide al Consell de Menorca la madre de un menor tutelado que fue dado en adopción a otra familia a través de la institución en 2013 ha llevado al actual equipo de gobierno a señalar directamente a la anterior exconsellera de Bienestar Social, Bàrbara Torrent.
En respuesta a la acusación, Torrent sale al paso de las críticas y puntualiza que «el proceso de adopción se desarrolló entre 2011 y 2015 bajo el mandato del PP» y por eso afirma que «deberían ser ellos los que tendrían que dar explicaciones».
Aun así, lamenta que un caso tan sensible como este se haya «politizado» y que el gobierno insular quiera «desprestigiar y ensuciar» el trabajo hecho por el anterior equipo de gobierno. Destaca, además, que cuando entraron a gobernar en 2017 «actuamos con discreción para proteger al menor y su familia».
Respecto a la demora de seis años a la que se ha visto abocada la respuesta a esta reclamación, que data del 27 de noviembre de 2017, reconoce la socialista Bàrbara Torrent que «lamentablemente es un proceso que se ha alargado en el tiempo como tantos otros y que haber intentado llegar a un acuerdo con la familia habría sido reconocer que las gestiones no fueron correctas cuando siempre las hemos defendido».