El Consell de Menorca se enfrenta a una reclamación patrimonial que asciende a 1.153.350 euros por la causa judicial abierta por la madre de un menor tutelado que fue dado en adopción a otra familia a través de la institución en 2013. El ente insular, denuncia el actual equipo de gobierno, ha incumplido desde que recibió la reclamación el 27 de noviembre de 2017 todos los plazos legales para dar respuesta a la familia biológica y apunta directamente a la exconsellera de Bienestar Social, Bàrbara Torrent.
La situación la han denunciado públicamente la consellera insular de Bienestar Social, Carmen Reynés, y el director insular de Atención Social, Daniel García del Mar, que acusan al anterior equipo de gobierno de una «evidente desidia y dejadez» por «retrasar y paralizar los trámites» de este expediente. «Consideramos que este hecho es muy grave, de una gran irresponsabilidad y de inacción por parte de la exconsellera y es, también, una muestra de falta de respeto a los ciudadanos cuando no se les responde en plazo y forma que, en este caso, puede suponer un coste millonario para las arcas públicas», ha declarado Reynés.
Antecedentes
El caso se remonta a 2008. Por unas circunstancias familiares que no eran favorables para el menor, según consideró el Servicio de Familia del Consell de Menorca, el niño pasó a estar bajo la tutela del ente insular y, finalmente, fue dado en adopción a otra familia.
El actual equipo de gobierno no cuestiona esa decisión, que de hecho fue avalada por la justicia. Sin embargo, critica que no se atendiera a la mujer demandante, que no ha obtenido respuesta del Consell en seis años cuando, con la ley en la mano, debería haberla obtenido en seis meses.
75 euros diarios
Para llegar al cálculo de la reclamación de 1,1 millones a la que se enfrenta el Consell, en caso de perder la demanda, la institución tiene en cuenta la indemnización de 75 euros diarios que reclama la mujer desde el día en que el Juzgado de Primera Instancia de Maó ratificó, el 13 de marzo de 2015, la entrega en preadopción del niño a otra familia hasta los 86 años que estima como su esperanza de vida.
La institución insular ya ha elaborado y elevado al Consell Consultiu la propuesta de resolución de la reclamación, que si estima oportuna, trasladará a la parte reclamante para que decida si está conforme o no.