Las menorquinas Rafaela Moll y Teresa Mercadal se quedaron sin trabajo el año pasado, tras acumular muchos años de experiencia como docentes de Formación Profesional. Las dos forman parte de un colectivo de profesores de Balears que no ha podido beneficiarse de la normativa que ha servido para regular la integración de los profesores técnicos de FP en el cuerpo de Enseñanza Secundaria, un proceso que tenía por objetivo mejorar sus condiciones laborales y salariales.
Pero para poder acogerse a la integración, el reglamento exigía a los docentes de FP que estuvieran en posesión de un título universitario, excepto en algunas especialidades singulares, dejando fuera de las listas a algunos profesionales que ejercían la docencia desde hace muchos años con titulaciones técnicas y, en algunos casos, con una amplia experiencia laboral relacionada con la materia que impartían. De este modo, la pérdida de estos profesores se suma a las dificultades de la Conselleria para cubrir las vacantes docentes de perfiles técnicos, especialmente en la Formación Profesional.
Sin trabajo
Después de una prórroga de seis años para que pudieran sacarse el grado universitario que se les pedía, el año pasado los docentes que todavía no tenían la titulación requerida fueron excluidos de las listas de interinos, y no pudieron participar en el proceso de estabilización para reducir la temporalidad en el sector público. Ante esta situación, una veintena de docentes de Mallorca han demandado al Govern.
Rafaela Moll es una profesora menorquina que quedó excluida de las listas en septiembre del año pasado, tras doce años de experiencia como docente en el IES Joan Ramis i Ramis de Maó. Moll empezó a ejercer como profesora en 2009, con el título de Técnico Especialista en Informática de Gestión, que la habilitaba para acceder al cuerpo de profesores de Formación Profesional. Durante todos estos años, ha dado clases en los grados medio y superior de Informática.
«En 2016 salió la normativa a nivel estatal que decía que los profesores técnicos de FP ya no podríamos acceder a nuestras plazas si no teníamos una titulación universitaria y nos dieron seis años de margen para adaptarnos, pero es poco tiempo para sacarse una carrera si además tienes que seguir trabajando», lamenta Moll. Asimismo, asegura que desde la Conselleria les dieron esperanzas de que la aplicación de la normativa se aplazaría para que tuvieran más tiempo para prepararse, pero finalmente no fue así. «A los seis años exactos, y en mi caso a solo de 18 créditos para terminar la carrera de Ingeniería Informática, los profesores técnicos ya no pudimos entrar en las listas de interinos, y yo me quedé sin trabajo, aunque tenía doce años de experiencia docente. Nos han dejado totalmente desvalidos y han quedado grupos de alumnos sin profesores», señala con tristeza.
Moll también destaca que por culpa de esta normativa, no han podido participar en el proceso de estabilización de interinos. «Los técnicos con años de experiencia no hemos podido estabilizar nuestras plazas y se las han quedado profesores de otras especialidades que no tienen la titulación adecuada. Parece que lo hayan hecho a posta para echarnos», denuncia.
Con 58 años, Teresa Mercadal también se ha quedado sin trabajo. Empezó su trayectoria como docente hace 32 años en el IES Pasqual Calbó i Caldés, haciendo de maestra de taller y, posteriormente, pasó al Ramis, donde empezó a trabajar en el departamento de Orientación, especializándose en convivencia, mediación y coeducación. Después de dar clases durante los últimos 28 años a grupos de diversificación curricular, en el marco de las medidas de atención a la diversidad, ahora ha quedado apartada del trabajo al que ha dedicado toda su vida. «Después de todo este tiempo, ahora nos dicen que no servimos para dar clase. Ha sido una puñalada por la espalda», asegura. Además, considera que el tiempo que les han dado para estudiar una carrera es insuficiente. «Nos dieron seis años, pero algunos tenemos más de cincuenta años, hijos a cargo y circunstancias personales complicadas, y así es muy difícil», recalca.
También denuncia que las Illes Balears son una de las pocas comunidades autónomas en las que no se han buscado soluciones para ellos. «Lo único que queremos es seguir trabajando», concluye.
Jjairo Cortes MoleroLa verdad que buena forma de acabar con esto no es!; toda esta gente con estas edades proximas a la jubilacion, deberian haberlos dejado hasta la jubilacion o una prejubilacion asumiendo entre conselleria y SS los costes de sus pensiones; y ya no admitir mas profesorado sin titulo universitario.Asi se soluciona un "problema", pero le causas otro a estos ciudadanos, y el estado somos todos.