Una puja de última hora ha dado un vuelco a la subasta judicial que pesa sobre el bloque de 53 pisos ubicado en las calles Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó de Maó. Los inquilinos que habitan estas viviendas siguen en vilo el proceso para saber qué sucederá con sus contratos cuando toque renovarlos. Este lunes vencía el plazo de la subasta por vía de apremio que se abrió el 12 de septiembre con un precio de salida de 17.864.800 euros.
Hasta la tarde de ayer no había ninguna oferta registrada, lo que allanaba el camino a la Sareb -la entidad que instaba la ejecución hipotecaria- para quedarse con las casas a mitad de precio. Fue pasadas las seis de la tarde cuando el sistema informático registró una oferta para quedarse con el inmueble entero por 10 millones de euros. Se trata, en todo caso, de una cantidad inferior a la deuda reclamada, que asciende a 16,6 millones de euros.
El proceso de subasta está gestionado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucicón número 2 de Maó y es la consecuencia de la ejecución hipotecaria que se ha iniciado a instancia de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) contra una sociedad limitada con sede en Es Castell.
El bloque de pisos salió a subasta por valor de 17.864.800 euros y en el apartado de situación posesoria se especificaba que había personas, distintas del dueño del bien, que ocupaban el inmueble sin derecho de permanencia. El edicto también indicaba, no obstante, que las distintas viviendas estaban «ocupadas por arrendatarios en virtud de sus respectivos contratos de arrendamiento de vivienda» que susbsisten a las ejecuciones hipotecarias durante el plazo de duración pactado por las partes.
En este caso, según ha podido saber este diario, la mayoría de contratos de arrendamiento de los inquilinos se alargan hasta 2026.
Fuentes de la operación han señalado que el interés de posibles inversores por esta compra se ha reducido ante la posibilidad de que el Govern balear ejerza el derecho de tanteo y retracto previsto en la Ley de Vivienda para incorprar los pisos al parque público de vivienda. El derecho de adquisición preferente sobre los inmuebles del que goza el Govern y el anuncio del Ejecutivo autonómico en el que informaba del estudio tanto jurídico como económico del caso ha ahuyentado a otros posibles postores.
De momento, los arrendatarios continúan pagando las mensualidades al dueño del bien hasta que se les comunique que la propiedad pasa a otras manos. En caso de que el proceso concluya sin ningún adjudicatario, el acreedor (en este caso la Sareb) podría pedir la adjudicación del bien por el 50 por cien del valor por el que hubiera salido a subasta.
El apunte
El Juzgado estudia los contratos de alquiler de los inquilinos del piso de Alaior
La misma sociedad limitada con sede en Es Castell que es propietaria del bloque de pisos subastados en Maó lo es también de otro bloque de pisos en Alaior que va a salir a subasta. El complejo de viviendas alaiorense está situado entre las calles Avinguda Verge del Toro y la Carretera Nova y en él viven unas sesenta familias en régimen de alquiler. Según ha podido conocer este diario, el inicio de la subasta podría demorarse hasta un año por los trámites administrativos y los plazos que hay que cumplir en este tipo de procedimientos. De momento, y según las consultas realizadas, fuentes judiciales estudian los contratos de alquiler de los inquilinos para determinar en qué situación quedan.