El Consell de Menorca no dará marcha atrás en su decisión de apartar al alcalde de Maó del Consejo de Administración de Autoridad Portuaria de Balears para designar como vocal al presidente Adolfo Vilafranca. Los votos de PP y Vox se han unido para rechazar la propuesta del PSOE -apoyada por Més per Menorca- que solicitaba mantener una costumbre que se había afianzado en los tres anteriores mandatos, cuando el gobierno insular cedía la silla que le corresponde por ley en el organismo rector del puerto a un representante del Ayuntamiento de Maó.
Vilafranca ha acusado a los socialistas de «cruzar la línea roja de los ataques personales» para hacer oposición, en alusión al aviso que lanzó días atrás el conseller Eduardo Robsy sobre el posible conflicto de intereses del presidente del Consell por su relación laboral con una de las principales empresas náuticas de la Isla. «Algo podré decir después de trabajar en este sector, alguna visión tendré sobre lo que necesita el puerto de Maó y el resto de Menorca», ha añadido.
«Los menorquines son inteligentes para detectar un estilo de hacer oposición más propia de un programa de televisión de marujeo», ha criticado «han hecho lo mismo con Marta Vidal -la consellera balear de Vivienda-; si no queremos enfangar el debate político no crucen estas líneas».
El PSOE: «No son ataques personales»
La portavoz socialista Bàrbara Torrent ha replicado que alertar de una posible incompatibilidad que le obligue a abstenerse en votaciones importantes sobre el puerto de Maó «no es un ataque personal sino poner de manifesto algo evidente». La consellera de la oposición ha atribuido a «motivos partidistas» la decisión de relevar al alcalde de Maó como vocal de Puertos y ha recordado que los últimos presidentes insulares del PP, Més per Menorca y PSOE delegaron el puesto en el ayuntamiento mahonés.
Desde Més per Menorca, Josep Juaneda ha apoyado la propuesta de acuerdo del PSOE si bien ha ido más allá al reclamar que tanto el Consell como el Ayuntamiento de Maó deberían estar representados en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Balears, al tratarse de las administraciones más cercanas al ciudadano menorquín. Ha pedido, eso sí, que los elegidos para este organismo «actúen por encima de la disciplina de partido».
Del puerto a la amnistía
En el turno de réplica, Adolfo Vilafranca ha denunciado la «incoherencia» del PSOE y ha aprovechado para relacionarlo con el debate político nacional: «Dijeron que no aprobarían una amnistía para los golpistas catalanes y ahora han cambiado de idea». El presidente se ha comprometido defender ante la dirección de Puertos «una visión general» sobre la Isla y aquellas iniciativas «coherentes» que le trasladen los ayuntamientos de Maó o Es Castell.
Por último, se ha preguntado qué «méritos» ha hecho el alcalde, Héctor Pons, en los dos mandatos que ha estado representado en este organismo, un periodo en el que proyectos como el del varadero, El Fonduco o Cala Figuera apenas han registrado avances. También ha negado que el Consell de Menorca vaya a quedar excluido del Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears, la empresa pública en este caso del Govern que gestiona los puertos de Ciutadella y Fornells. Allí, a diferencia de Maó, la alcaldesa de la ciudad de Ponent sí está representada.
El apunte
Un órgano de gobierno con 16 vocales, uno de ellos del Consell
El Consejo de Administración de la APB es el órgano de gobierno colegiado del organismo. Además del presidente y el capitán marítimo, cuenta con tres vocales de la Administración del Estado, cuatro vocales del Govern, cuatro vocales de los Consells, un vocal de los ayuntamientos y cuatro vocales de las organizaciones empresariales y sindicales. Las dietas de los vocales por asistencia a las reuniones mensuales son de 927 euros, con un máximo de 9.425 euros al año.