Primero fue el Ayuntamiento de Maó, luego el de Ciutadella, y en las próximas semanas podrían seguir el mismo camino otros municipios de la Isla. Eso es, tal como permite la propia norma, suspender la aplicación de distintos aspectos del Decreto Ley 6/2023, de 2 de octubre, de medidas urgentes en materia de vivienda, en caso de que se considere que pueden generar efectos indeseados sobre el planeamiento urbano de las distintas localidades.
La nueva normativa del Govern balear está vigente desde el 3 de octubre, lo cual, a día de hoy, ya permite que un promotor pueda impulsar proyectos urbanísticos amparándose en este texto. Por este motivo, los ayuntamientos, o han empezado ya a analizar meticulosamente el redactado, o tienen previsto hacerlo en la mayor brevedad, con el fin de suspender los puntos en discordia, aunque luego sea solo de forma temporal, para que este periodo no suponga un ‘coladero' de proyectos poco convenientes.
En Ciutadella, en el pleno de este jueves, las izquierdas impusieron su mayoría para sacar adelante una moción del PSOE, para que no sean de aplicación varias disposiciones adicionales del decreto ley en cuestión.
El objetivo, según defendieron los socialistas, es frenar la «usurpación» al Ayuntamiento de competencias urbanísticas por parte del Govern, impidiendo lo que recogen las disposiciones adicionales 17, 18, 20 y 21 del decreto ley. Es decir, reconvertir locales comerciales como viviendas, segregar inmuebles en pisos más pequeños, cambiar los usos de equipamientos o permitir crecimientos en altura de los edificios. Todo ello, a cambio de que el promotor que se beneficie de estas medidas, ponga la vivienda en el mercado a unos precios limitados, pero que, según criticaron desde el PSOE, «son tan elevados que en algunos casos superan, incluso, el precio medio de tasación de vivienda libre», señaló su portavoz, Carol Cerdà.
Con el voto contrario del equipo de gobierno del PP y con la ausencia en el pleno de Vox, el PSOE obtuvo el apoyo del PSM y de Ciutadella Endavant, para iniciar el proceso para que no sean de aplicación varias disposiciones adicionales del decreto ley. La moción incluyó una enmienda del PSM, para que los servicios jurídicos municipales emitan, antes del 15 de noviembre, un informe razonado sobre las implicaciones, especialmente en materia de vivienda protegida y con las relaciones con el Ibavi, que tendría la no aplicación de la totalidad del decreto ley, así como el análisis de la incidencia de las medidas concretadas en el modelo de ciudad de Ciutadella.
La moción obliga, por otro lado, a que, en un plazo de diez días, el equipo de gobierno convoque un pleno, en el cual presentará una propuesta de acuerdo para hacer efectiva la no aplicación de dichas disposiciones. Será entonces, y habiendo motivado cada decisión, cuando se hará efectivo el rechazo del Ayuntamiento a estos puntos concretos de la norma, que la oposición de Ciutadella considera inadecuadas para la ciudad.
En estudio
En los ayuntamientos donde el PP ostenta la vara de mando (en algunos casos en coalición), sus alcaldes coinciden al señalar que el decreto ley es positivo y busca dar una salida a la falta de viviendas. Por eso, de entrada se intentará respetar el texto íntegramente, pero igualmente, en Alaior, Es Castell y Es Migjorn Gran, los técnicos municipales, o están revisando, o lo harán en breve, la normativa. «Deseo que el decreto sea de aplicación, pero está en estudio para que no perjudique en nada», señalaba ayer José Luis Benejam, primer edil alaiorenc. «La voluntad del decreto es poner viviendas a precios bajos al alcance de la población, pero tenemos que mirar que vaya en consonancia con la idiosincrasia de nuestro municipio», añadía Lluís Camps, desde Es Castell.
En Es Migjorn Gran, la alcaldesa Antònia Camps indicó que los técnicos «lo están estudiando» y «tenemos que ver cómo nos afecta», antes de tomar una decisión. Y en Ferreries, el máximo responsable de la Corporación, Pedro Pons, aunque a priori ve positivo el decreto, admitió, sin concretar cuáles, que «parece que podría haber algunas cosas que no deberían ser de aplicación» en el pueblo situado al pie de S'Ermita.
En Es Mercadal, los partidos que configuran el Consistorio han convenido que se retire del orden del día del plenario del próximo miércoles, la moción que iba a presentar el PSOE (en los mismos términos que lo hizo en Ciutadella). Según el alcalde, Joan Palliser (Entesa), que gestiona el Ayuntamiento en coalición con el PP, el compromiso es que el equipo de gobierno presentará directamente una propuesta de acuerdo, para suspender las disposiciones conflictivas. Y posteriormente, no con diez días como pretendía la moción, porque «es imposible» a nivel técnico, se revisará la normativa detenidamente, con el tiempo que sea preciso, para valorar si, efectivamente, existen o no discrepancias con el decreto ley impulsado por el Govern de Marga Prohens (PP).
El apunte
El decreto ley del Govern permitiría a Ciutadella ceder un solar al Ibavi
Según desveló en el pleno el concejal de Urbanismo de Ciutadella, Joan Benejam, «gracias a este decreto hemos detectado un solar para equipamientos, que no es de uso residencial, que podríamos destinar al Ibavi» para crear viviendas sociales. Eso sería, claro, siempre que PSOE, PSM y Ciutadella Endavant «no lo bloquearan con el punto 3 de su moción, que deja sin aplicar la disposición adicional» que permite, precisamente, el cambio de usos para equipamientos.
Del terreno en cuestión, ayer, el equipo de gobierno no quiso ofrecer más detalles. Tal como indicó Benejam en el plenario, se trata de una parcela con una extensión de 1.415 metros cuadrados.
Por hechos como este, el PP propuso al PSOE, sin éxito, que retirara su moción del orden del día, para que, «como Consistorio, decidamos dónde queremos y qué queremos aplicar» del decreto ley, «si queremos limitar en qué calles los locales no podrán reconvertirse en viviendas», ejemplificó. Benejam insistió, «hablémoslo y seguramente llegaremos a un acuerdo», pero el PSOE mantuvo la moción.