La revolución digital emanada del confinamiento se nos ha ido de las manos. Así lo cree un colectivo de 220 padres, docentes, psicólogos y pedagogos que, desde Menorca, promueve un retroceso en el uso de los dispositivos electrónicos en el aula. ¿El motivo? Aparte de la percepción personal de las familias, los informes de diversos organismos son coincidentes al detectar que el abuso del Chromebook y el ordenador distrae al alumnado, empeora el aprendizaje y desincentiva la cultura del esfuerzo de nuestros menores.
Así que este movimiento, surgido en verano al albor de un grupo de WhatsApp, ha elaborado un manifiesto con el que llevar a cabo una recogida de firmas para lograr que la Conselleria de Educación del Govern «revise» la creciente digitalización que se está implantando en la escuela y se «replantee» sustituir los libros de texto tradicionales por chromebooks y otros dispositivos digitales. Y que, en todo caso, «ofrezca una metodología de aprendizaje con herramientas no digitales como medio alternativo» para las familias que no autoricen la apertura de una cuenta de correo electrónico a nombre de sus hijos.
El objetivo, dice la portavoz del colectivo, Marta Cardona, «es que nos den evidencias de que así nuestros hijos aprenden más y mejor». En caso contrario, pide que «se retiren» los dispositivos de clase y se frene la «brutal» inversión realizada en solo dos años en digitalizar los colegios e institutos de las Islas. Hasta 16 millones de euros, dos de ellos en Menorca, ha invertido la Conselleria en facilitar aulas digitales a los centros y ha destinado otros 3 millones a adquirir ordenadores para los alumnos vulnerables de Balears.
El manifiesto incide en que «se está realizando una inversión pública muy grande sin que apenas existan evidencias de los beneficios pedagógicos y sí muchos que no juegan a favor ni justifican su uso generalizado». Es más, éstos «entran en contradicción» con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Asociación Española de Pediatría (AEP), que limitan a una hora el tiempo máximo ante la pantalla al que deben exponerse los niños de dos a cuatro años, y amplían a solo dos horas diarias el límite para los menores de cinco a 17 años. Antes de los dos años la exposición debe ser nula.
Además, apuntan que la digitalización «contribuye al monopolio comercial, ya que nos obliga a ser clientes de los productos que demanda», y tiene efectos perniciosos sobre el medio ambiente al aumentar la emisión de gases y convertir los dispositivos electrónicos en residuos contaminantes.
El grupo busca un «gran pacto social» que, con acuerdo de todos los partidos, extienda el rechazo a las pantallas. Así, el siguiente paso es «prohibir el telefóno móvil por adictivo» en los colegios e institutos y a los menores de nueve años para «protegerles». La propuesta también aboga por «racionalizar» las redes wifi en los centros y destinar parte de las inversiones en dispositivos electrónicos a mejorar o reforzar la contratación de personal docente.
Los promotores, que este sábado tenían previsto celebrar una nueva reunión de trabajo, han expuesto su parecer al Consell Escolar y la federación de padres de Menorca (Fapma). También han extendido sus redes al Parlament donde, a iniciativa de la diputada Cristina Gómez (Unides Podem), una comisión de expertos analizará el impacto de las nuevas tecnologías y la digitalización en las aulas.
La propia Unesco advierte que las tecnologías educativas «pueden tener un efecto perjudicial si se utilizan de manera inapropiada o excesiva». Y el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad asiente al confirmar el «riesgo» que existe, a partir de los 12 años, de usar internet y las redes sociales de forma «compulsiva». Según sus conclusiones, la digitalización «quita tiempo de estudio y reduce la práctica deportiva», pero también tiene un efecto positivo sobre la salud mental, al estimular la vena creativa y la conexión de los jóvenes con su entorno. Aún así, aboga por aumentar la concienciación para hallar el punto adecuado que permita aprovechar sus beneficios sin lastrar la actividad diaria de los adolescentes.
También Estados Unidos ha alzado la voz de alarma esta misma semana. 41 de sus estados han denunciado a Meta por los daños que causa a la salud mental de los menores. En concreto, acusan a Facebook e Instagram de crear adicción en los niños. De hecho, entre 2011 y 2021 se han doblado los casos de depresión entre los adolescentes norteamericanos.
El apunte
Atentos al espejo de DesMOBILitza’t, desconnect@’t y Tolosa
El colectivo de Menorca se mira en el espejo de la escuela privada Sadako de Barcelona, impulsora de la plataforma Desconnect@’t y que ha comprometido a familias y profesores a «hacer un uso racional de la tecnología» y retrasar la compra de móviles a los menores por «las problemáticas que provoca el acceso prematuro y el uso indiscriminado de las redes sociales» entre los jóvenes.
La escuela Gem de Mataró ha sido la última, esta misma semana, en suscribir el manifiesto «Desmobilitza’t» y adherirse al proyecto para retrasar hasta los 16 años la entrega del primer teléfono inteligente en las familias cuando, en la actualidad, la mayoría ya lo facilitan a los once años, antes de acabar la Primaria.
En Cardedeu, otra ciudad de la provincia de Barcelona, los tres institutos han acordado prohibir el uso de teléfonos móviles en los centros y exigen a sus alumnos que los guarden «en la mochila o la taquilla». No dejan utilizarlos ni en el patio.
Pero hay quien aún va más allá. Tolosa, una ciudad de Guipúzcoa de apenas 20.000 habitantes, ha decidido plantarle cara de forma coordinada al uso de móviles entre los menores. Allà, el acuerdo ha ido más allá de la comunidad educativa, de tal forma que los comercios facilitan a los jóvenes que puedan hacer llamadas desde el mismo local, si lo necesitan, para retrasarles la compra de su primer móvil en las familias.
La iniciativa «Puedes utilizar el nuestro», puesta en marcha por la asociación de padres Altxa Burua!, ha recabado el apoyo explícito del ayuntamiento tolosarra, que también presta los edificios municipales para «aplacar la necesidad de utilizar o llevar el móvil encima».