La vivienda se ha convertido en el principal factor determinante de la exclusión social en Menorca, y ya tiene una incidencia mayor que el hecho de disponer o no de trabajo. Esta es la principal conclusión del estudio «Habitatge i exclusió social a les Illes Balears», que acaba de publicar el Observatori Social de les Illes Balears (OSIB) de la Universitat de les Illes Balears, con el objetivo de analizar de manera panorámica la problemática del acceso a la vivienda en las Islas, y que pone el foco en la exclusión residencial como factor de vulnerabilidad social.
En este sentido, los desahucios son la consecuencia más visible de la crisis del acceso a la vivienda que afecta a toda España, y que tiene una especial incidencia en las Illes Balears, donde a pesar de que el número de desahucios ha descendido desde 2013, año en que se empiezan a contabilizar, se registra uno de los mayores volúmenes de desalojos de viviendas por cada 100.000 habitantes (115,2), justo por detrás de Murcia (147,4), Canarias (127,2), Valencia (122,2) y Cataluña (121,1).
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Desahucios en Menorca
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, Menorca es la isla de Balears que registra un volumen menor de desahucios. No obstante, entre los años 2013 y 2022, en la Isla se produjeron un total de 1.337 desahucios, y al igual que en el resto de Balears, el número de desalojos ha ido descendiendo a lo largo de los últimos diez años.
El año en el que se produjeron más desahucios fue en 2014, con 214, seguido del 2016, con 204. Los desahucios se convirtieron en un problema de primera magnitud con el estallido de la crisis de 2008, que dio lugar en 2009 a la creación de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, conocida como la PAH. A partir de 2014, se dio un proceso de recuperación económica, aunque en términos absolutos, en muchos indicadores todavía no se ha vuelto a los niveles previos a la crisis financiera. En 2022, en Menorca se registró el número más bajo de desahucios desde que se recopilan datos, con 51 lanzamientos.
De los 1.337 desahucios registrados en la Isla entre 2013 y 2022, 613 fueron a consecuencia de un proceso de ejecución hipotecaria (45,8 %) y 701 debidos al impago del alquiler (52,4 %), que se sitúa como la primera causa de los desahucios en toda España, y especialmente en Balears.
Si se analizan los datos en los dos partidos judiciales en los que se divide Menorca, Maó se sitúa a la cabeza de manera destacada en cuanto a número de desahucios, con 792, lo que representa casi el 60 por ciento del total, mientras que en Ciutadella se produjeron 545, el 40 por ciento restante.
Vivienda y vulnerabilidad
Según Isabel Nadal y David Abril, coordinadores del estudio presentado por la UIB, las causas de las crecientes dificultades de acceso a la vivienda en Balears se deben a la reestructuración de las viviendas e inmuebles urbanos del espacio turístico por parte de los actores de los mercados inmobiliarios y financieros a raíz de la crisis de 2008, a una desigualdad creciente de la población trabajadora de las Islas, a un mercado inmobiliario extremadamente rígido y muy propenso históricamente al régimen de propiedad y a una política de vivienda social casi inexistente.
«Si existen trabajadores y trabajadoras pobres es porque los hogares deben destinar un porcentaje muy elevado de sus ingresos al pago y mantenimiento de la vivienda», señalan a modo de conclusión.