La intención del Consell de Menorca de modificar el Plan Territorial Insular para facilitar la legalización de los núcleos de ‘hortals' ha despertado la «indignación» del GOB, que este lunes ha emitido un comunicado especialmente duro contra el equipo de gobierno del PP. Los ecologistas acusan a la institución de convertirse en «una agencia que trabaja a favor de los que cometen ilegalidades» urbanísticas. «Actuaciones de este estilo resultan insultantes para la ciudadanía que hace las cosas bien», afirman.
El GOB se refiere en concreto a la eliminación de límite de máximo de 90 metros cuadrados para legalizar este tipo de construcciones en suelo rústico. Tal como ha avanzado ‘Menorca – Es Diari', la solución alternativa del Consell pasa por adaptar este límite a cada núcleo de ‘hortals', realizando una media de la superficie de las edificaciones existentes. Las que estuvieran por debajo podrían ser amnistiadas sin necesidad de demoler nada.
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«Premiar a los infractores urbanísticos con una gran revalorización inmobiliaria y, además, hacerlo con una oficina pública del Consell que ayude a los trámites parece una suma de despropósitos y una provocación a la ciudadanía que hace las cosas bien», exponen.
Anuncia que 'fiscalizará' al Consell
«Ver que la principal administración pública de Menorca se presta a este juego crea desencanto e indignación», prosigue el GOB en su comunicado antes de lanzar una advertencia: «Habrá que canalizar esta indignación fiscalizando al detalle un proceso que parece estar completamente fuera de la ley o, como mínimo, fuera de los más elementales criterios éticos».
Los ecologistas denuncian también el agravio comparativo que la rectificación del PTI generaría sobre los cinco núcleos de ‘hortals' que han realizado el proceso de legalización con los criterios vigentes hasta ahora, tres de ellos en Maó, uno en Sant Lluís y uno en Ferreries. «Queda claro que los otros que no lo han hecho -una treintena de núcleos- no han dado este paso porque no han querido», añaden.
Un «gran chalé» sin pagar licencias
El GOB distingue tres situaciones distintas entre los propietarios de ‘hortals' ilegales: los que se limitan a tener una caseta pàra las herramientas y un gallinero, los que han ampliado esta construcción para poder quedarse a dormir y los que «directamente se han hecho un gran chalé, sin pagar licencias, impuestos ni técnicos»: «Es evidente que es muy diferente tener una casa o un terreno dentro de un conjunto ilegal, que no se pueden hipotecar ni venderse con garantías para el comprador, que tenerlo legalizado; como es lógico el valor de la propiedad se multiplica».
«Los que se han hecho grandes casas frenan los procesos de legalización porque no quieren reducir el volumen que han construido y se han puesto a hacer campaña», expresa el GOB, «nos encontramos ante un colectivo que se presenta como asociación de propietarios de ‘hortals' pero que en realidad es un colectivo de propietarios de grandes chalés ilegales».
El grupo ecologista concluye recordando que «muchas viviendas en suelo urbano no llegan a los 90 metros cuadrados y allí vive gente que se ha preocupado de tener su casa en un espacio legal, que ha pagado los impuestos que permiten acceder a los servicios públicos y que han contratado a técnicos para garantizar la solidez, la salubridad y la seguridad de los edificios».