El Consell estudia ampliar el límite máximo de edificabilidad para facilitar a los propietarios la legalización de los núcleos de ‘hortals' y así solucionar un problema urbanístico que Menorca arrastra desde hace ya más de 40 años.
El gobierno del PP aprovechará la modificación del Plan Territorial Insular (PTI), prevista en el primer trimestre de 2024, para variar los requisitos, en especial el que fija la superficie de construcción máxima legalizable en 90 metros cuadrados por parcela.
En su lugar, plantea tomar como baremo la superficie media edificada en cada núcleo, un criterio que -recuerda la consellera NuriaTorrent- permite la Ley de Urbanismo de Balears y que sintoniza con el parecer del actual gobierno de Ciutadella, el municipio donde la problemática es mayor.
Diferente en cada zona
«Si queremos resolver el problema, cabe ser generosos», dice el primer teniente de alcalde Joan Benejam, quien cree que «se deben dar facilidades a los propietarios para que se avengan a legalizar sus construcciones pues, si dejamos fuera la mayoría de lo que ya está erigido, no mostrarán interés en colaborar».
Benejam sostiene que cogiendo como referencia la edificación media en cada núcleo rural se da amparo legal al menos a la mitad de lo construido y se aplica un criterio más justo para afectar más a quien más se ha excedido. En cambio, «con el límite de los 90 metros cuadrados y una planta de altura solo podríamos legalizar una cuarta parte y dejaríamos fuera de ordenación el 75 por ciento de las construcciones».
No se trata del único cambio. El Consell sopesa modificar también el sistema de compensación, que dejaba hasta ahora el proceso de legalización en manos de los propietarios, por el de cooperación, para que sea la propia administración la que promueva la redacción de los planes especiales con las medidas e infraestructuras que deberá proveerse cada núcleo.
«Tomaremos la iniciativa y requeriremos a todos los ayuntamientos para que nos cedan por pleno sus competencias», anuncia la consellera Torrent. La responsable de Ordenación Territorial adelanta que será la nueva oficina técnica del PTI la encargada de tramitar los planes especiales y cobrar luego a todos los propietarios su contribución especial por las obras de infraestructura que se hayan llevado a cabo.
A partir de entonces, los ‘hortals' pasarán a tener amparo legal y los propietarios podrán solicitar licencia para legalizarlos, primero, y reformarlos, después, si desean acometer alguna actuación. Es algo que hasta ahora no han podido hacer o han ejecutado sin permiso al hallarse sus casas fuera de ordenación.
El PTI de 2003 y el renovado en mayo por el anterior gobierno de izquierdas dejaban la iniciativa en manos de los propietarios, a quienes daban un plazo máximo de seis años para elaborar los planes especiales e instar la legalización. Pero, en la práctica, este sistema se ha mostrado fallido.
«Cuando una medida está vigente durante tanto tiempo, 20 años, y casi nadie actúa, hay que cambiarla», insiste Joan Benejam, quien no ve otra opción de «arreglar» la controversia urbanística.
Agua, depuración y placas solares
Todos los núcleos deberán tener vías de circulación no asfaltadas de un máximo de cinco metros de ancho y proveerse de agua potable, una mínima red de alumbrado público y sistemas de depuración y saneamiento colectivos, así como sistemas autónomos de tratamiento de las aguas residuales de cada parcela. Deben aportar también mediante instalaciones de energía renovable al menos el 50 por ciento de su suministro eléctrico.