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Cristòbal Marqués exige en el Senado más personal para el SEPE en Menorca

El senador por Menorca también impulsa que se apruebe una propuesta para que el Gobierno pague el traslado de residuos fuera de la Isla

Cristbóbal Marqués, en la comisión de insularidad de ayer.

| Menorca |

El senador por Menorca, Cristóbal Marqués, defendió este jueves en la Comisión de Trabajo y Economía Social de la cámara alta la necesidad de que el Gobierno Central dote de manera urgente con más personal el SEPE de la Isla.

Así, Marqués denunció que desde 2019, el Gobierno de Pedro Sánchez ha recortado un 50 por ciento la plantilla de este servicio, «A 31 de diciembre de 2019, el SEPE contaba en Menorca con 35 trabajadores. En solo un año esta cifra se redujo a la mitad, 17 empleados».

Además, añadió que «la falta de recursos ha sido denunciada el PP en diferentes ocasiones, y también por los usuarios, que han sufrido esta carencia (sobre todo durante la pandemia) que se ha traducido en un peor servicio hacia el ciudadano».

Transporte de residuos

La Comisión Mixta de Insularidad del Senado aprobó este jueves la propuesta del PP Balears, defendida por el menorquín Cristóbal Marqués, en la que se exige al Gobierno central que sufrague el coste del transporte de los residuos generados en Balears que no hayan podido valorizarse donde se producen y que deban ser trasladados por mar a la Península o a una isla diferente.

Marqués destacó que «a pesar de que el REB y también la Ley Residuos estatal contempla como obligación del Gobierno central hacerse cargo de los costes, nunca ha sido así y los ha asumido el ejecutivo autonómico a pesar de no tener la competencia para ello».

El senador recordó que «cuando se inició la tramitación de la Ley de Residuos en la cámara alta, el entonces senador autonómico José Vicente Marí, logró acordar la introducción de una enmienda en la que se garantizaba la financiación del transporte por mar a la Península o a otra isla de Baleares, que a día de hoy afectaría al transporte de residuos entre Formentera y Eivissa», pero PSOE y UP lo rechazaron en el Congreso.

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