El último informe anual emitido por el Defensor del Pueblo incluye una reprimenda al Ayuntamiento de Maó por haber dilatado durante más de un año la resolución de una licencia urbanística de legalización. De este modo, responde a la queja presentada por una particular.
En su exposición, el Defensor del Pueblo asegura comprender que los recursos del Consistorio son limitados, por lo que «es verdad que podría admitirse un retraso de unos meses pero lo que parece a todas luces excesivo es una demora de más de un año desde que se incoa el expediente, sin que se haya dictado aún resolución».
Esta institución insta al Consistorio a resolver la licencia en cuestión y, con carácter más general, a «que se acomode la actuación administrativa a los principios de eficacia, economía y celeridad establecidos en el artículo 103 de la Constitución» para que «se dicte y notifique en tiempo y forma resolución expresa y motivada en todos los procedimientos, cualquiera que sea su forma de iniciación, conforme a lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo».