El que fuera diputado menorquín por el Partido Popular en la IX y X legislatura, Juan Carlos Grau, aceptó este jueves la condena a un año de prisión por distribuir material pornográfico infantil entre septiembre de 2020 y febrero de 2022, un delito por el que finalmente no entrará en el centro penitenciario siempre que no vuelva a delinquir en el plazo de dos años.
El escándalo ha motivado la emisión de un comunicado por parte del PP en el que la formación política insular expresa su «condena más enérgica» ante los hechos que Grau admitió en sede judicial y precisa que en la actualidad el exdiputado no es afiliado del partido ni ostenta ningún cargo, a pesar de que el ex alto cargo 'popular' todavía indica en su perfil de X (antes Twitter) que es del PP.
Sin embargo, en las publicaciones que comparte en su cuenta predominan los mensajes contra líderes del partido como la presidenta del Govern, Marga Prohens. «Qué lástima de legislatura perdida y de voto tirado a la basura», afirma el condenado en un tuit refiriéndose a Prohens, a quien acusa de «tener incontinencia verbal» y «no saber estar calladita cuando toca y cuando no».
En otro mensaje llega a acusar al PP de Balears de «hacer el rídiculo» por la reunión del G-10 que se celebró a mediados del mes pasado en Ciutadella. Contra Coia Sugrañes también lanza dardos y asegura, en una publicación del 5 de enero, que su moral es «inconsistente, adaptable, manejable, viscosa y algo sucia»; reconociendo a continuación que uno de los deseos que ha pedido a los Reyes Magos es «que se lleven al Convento de las Clarisas a la monjita de la presidenta del Govern y a su amiga Coia Sugrañes».
Después de quedar excluido de las listas electorales, Juan Carlos Grau dejó de militar en el PP de Menorca. De 65 años, fue parlamentario en el Congreso de los Diputados entre 2008 y 2015. El partido asegura que ha tenido conocimiento de la situación de Grau como autor de un delito de distribución de material pornográfico infantil a través de los medios de comunicación y manifiesta su «solidaridad con las víctimas» y su «rechazo absoluto a cualquier acto que atente contra la dignidad y la integridad de las personas».
En el terminal telefónico en el que el exdiputado recibía y compartía gran cantidad de archivos pornográficos, se encontraban fotografías y vídeos de menores de entre 10 y 13 años desnudos o manteniendo actitudes sexuales, algunos de ellos con adultos.