El GOB Menorca ha denunciado que los expedientes sancionadores en materia de pesca han caído «de manera espectacular» en la Isla desde el año 2019. Según los datos facilitados por el Consell al grupo ecologista, en 2023 se abrieron un total de 14 expedientes, muy lejos de los 52 que se tramitaron en 2017 y de los 40 de 2018.
Desde el grupo ecologista recuerdan que ya hace años que la vigilancia de los recursos pesqueros en aguas interiores de la Isla se transfirió al Consell, y consideran que desde entonces el número de expedientes y sanciones impuestas ha descendido de manera considerable. «Alguna cosa ha dejado de funcionar en Menorca desde hace cinco años en materia de pesca», señaló ayer la entidad en un comunicado. Además, el grupo ecologista remarca que esta bajada se ha producido mientras la Reserva Marina del Norte de Menorca pierde biomasa pesquera, según los últimos estudios.
De 140 a 4.000 euros
De los 14 expedientes que se tramitaron el año pasado, seis se refieren a pescadores recreativos de barca o de caña y dos a pesca submarina. Además, en otros seis expedientes estuvieron implicados pescadores profesionales, cuatro de los cuales relacionados con la comercialización.
Los expedientes sancionadores que ejecuta el Consell responden a la actividad de distintos cuerpos de vigilancia. En concreto, seis de los expedientes del 2023 provienen de los inspectores de pesca del Consell, dos de los cuales han contado con la colaboración del agente de medio ambiente de la institución. Otros dos expedientes se abrieron a partir del trabajo de los guardapescas que trabajan en las reservas marinas y dos más corresponden a la Guardia Civil (Seprona). Los inspectores del Ministerio y las policías locales, con dos actas cada cuerpo, completan los expedientes abiertos.
En lo referente a la cuantía de las sanciones, desde el GOB señalan que la mayoría se quedó en un importe de 140 euros, después de la reducción por pronto pago, una cantidad que para el grupo ecologista es «poco desincentivadora», teniendo en cuenta que las sanciones fueron tipificadas como graves.
Desde el GOB también indican que solo dos sanciones fueron «ejemplificadoras», de 4.000 y 1.000 euros. Una de ellas se impuso a un barco de arrastre por pescar demasiado cerca de la costa de Son Bou y otra a un pescador submarino que operaba en el Parque Natural de s'Albufera des Grau.
Asimismo, el grupo ecologista relaciona estas cifras con el descenso de la biomasa pesquera en la Reserva Marina del Norte, y concluye que «se podría interpretar que hay una sensación de impunidad, tanto en la pesca como en la comercialización de los productos capturados de manera furtiva».
Por su parte, la consellera Maria Antònia Taltavull considera que este descenso se debe a que los servicios de vigilancia que operan en Menorca y que no dependen del Consell cuentan cada vez con menos medios. También asegura que las campañas de concienciación que se han realizado han surtido efecto y cada vez son menos las personas que pescan sin tener licencia.
El apunte
Disminuye la biomasa de peces en la Reserva Marina del Norte
Desde el GOB recuerdan que, según los últimos estudios, se ha producido un descenso en la densidad y la biomasa total de peces en la Reserva Marina del Norte de la Isla, donde no se puede pescar nada.
Los ecologistas señalan que entre 2011 y 2017 se observó una pérdida de entre el 70 y el 80 por ciento de las especies más emblemáticas, y aunque entre 2017 y 2019, y después de varias denuncias públicas y de una convocatoria en torno a la reserva, el nivel se recuperó un poco, aunque ahora ha vuelto a bajar.
Los datos de Menorca contrastan con la situación en otras reservas de las Balears, como la isla de Dragonera, donde los últimos censos indican una importante recuperación de la población de peces.