Menorca fijará cupos para limitar el alquiler turístico en las urbanizaciones

El Consell de Menorca fijará cupos para limitar el alquiler turístico en las urbanizaciones y las zonas aptas donde actualmente se permite, lo extenderá al suelo rústico, pero solo a los edificios anteriores a 1960, y tratará de revocar o reducir el que ya existe en las ciudades para hacer aflorar el alquiler residencial.

El presidente Adolfo Vilafranca se alineó este miércoles con la conjura balear contra la masificación turística y adelantó con medidas concretas su intención de reconducir el futuro de la Isla para que «crezca en valor y no en cantidad». A mediados de junio recibirá el estudio de capacidad de carga turística que encargó hace tres meses y, en base a sus conclusiones, activará la modificación del Plan Territorial para poner un techo al crecimiento, «lo que hoy, justo hace un año, no hizo la izquierda -cuando tuvo opción- al aprobar a toda prisa el PTI».

La «zonificación sin límite» ha hecho crecer en pocos años el alquiler turístico desde las 19.000 hasta las 30.000 plazas actuales, por lo que se pondrán cupos diferentes en cada núcleo que, una vez superados, ya no permitirán autorizar más esta actividad.

El alquiler turístico se extenderá también al suelo rústico, pero no de forma indiscriminada «ni en los hortals». La idea que sopesa el Consell es permitirlo solo en los llocs construidos antes de 1960 y en los que ya no haya payés o explotación activa alguna.

El alquiler turístico en el campo se promoverá, por tanto, en construcciones susceptibles de acoger hoteles rurales, cuyo límite legal es de 50 plazas por establecimiento, o agroturismos, de hasta 24 plazas. «Pero como el alquiler puede ser solo de un máximo de 12 plazas, en realidad estaremos reduciendo las camas turísticas en rústico», apunta. «El problema turístico no está en el campo», incide el presidente, quien recuerda que apenas hay un millar de plazas de turismo rural autorizadas en toda la Isla.

Para «mejorar la convivencia entre los visitantes y la población local», se seguirá prohibiendo el alquiler turístico en las ciudades y tratarán de no renovarse o reducir las autorizaciones vigentes para «ir recuperando, poco a poco, las ciudades para el alquiler residencial tradicional».

Con la modificación del PTI, el Consell también intentará «eliminar o reducir» el techo máximo de población previsto por el actual Plan Territorial y que ahora permite crecer en otras 11.345 plazas turísticas. Es un límite que el anterior gobierno insular no modificó el año pasado al aprobar la revisión del PTI, «pero que trataremos de rebajar siempre que jurídicamente sea posible. Si entonces se hubiera alterado esta previsión, los derechos de los propietarios habrían quedado extinguidos pero, al haberla mantenido, veremos qué se puede hacer. Si no genera derechos indemnizatorios, trataremos de reducirla».

Además, tras alegar durante meses que tenía «otras prioridades», el Consell encargará al fin el estudio de capacidad de carga máxima de las carreteras para decidir si restringe la entrada de vehículos que especialmente Més y el GOB le vienen reclamando el último año. Vilafranca adelanta que los técnicos de la institución «coordinarán» el estudio de movilidad y, en base a sus resultados, tomará medidas.

El estudio, asegura, tendrá la fiabilidad de la que carecían los encargados antes de las elecciones por la izquierda y que concluían que en julio y agosto circulan hasta un 30 por ciento más de coches de los que soporta la red viaria insular. «Si los técnicos firmaron el estudio y dijeron que se ajustaba a lo encargado fue para que la empresa que los había hecho pudiera cobrar, no porque fuera fiable», precisa.

En cualquier caso, ninguna medida verá todavía la luz este verano, ni siquiera las derivadas del estudio de capacidad de carga turística que el Consell tendrá en sus manos en un mes, «pues tendrá que incorporarse primero al PTI».

El presidente cree que Balears «marca la misma línea que Menorca ya intenta seguir desde hace 30 años como Reserva de la Biosfera» y pide a la presidenta del Govern, Marga Prohens, que «cada isla pueda tomar sus propias medidas, adaptadas a la realidad que vive».