Los grupos de la oposición han cargado este miércoles contra el Govern y su líder, Marga Prohens, a quien han acusado de «llenarse la boca con consenso» con la mesa del pacto social y, paralelamente, aprobar el decreto de simplificación y racionalización administrativas.
«Habla de consenso y lo destroza en 48 horas con la aprobación del decreto», ha lamentado el portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, este miércoles en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces.
En esta línea, ha opinado que «no queda duda» de que la presidenta «ha engañado con la propuesta de la mesa», advirtiendo que entre las consecuencias del decreto se encuentra la modificación de la Ley de Menorca Reserva de Biosfera «sin consenso ni debate previo». «Vemos que la presidenta nos ha engañado, y a Menorca doblemente», ha insistido Castells, avisando que la mesa «nace muerta».
«Con esta modificación, el Govern quiere cargarse el modelo diferenciado de Menorca, el modelo de la Reserva de Biosfera, y nos quiere imponer el modelo mallorquín de desprotección del territorio y convertir el Consejo de Menorca en una sucursal del Gobierno», ha sentenciado Josep Castells. «Es una traición», ha afirmado.
El doble discurso
También se ha referido al decreto el portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament, Marc Pons, quien ha censurado ante los medios «el doble discurso con el que se mueve el PP».
«El Govern, mientras anuncia la necesidad de poner límites y se compromete a trabajar en este sentido, aprueba una norma que representa la estrategia de eliminar límites, requisitos y exigencias», ha señalado.
Para el diputado, «el Govern y el PP tienen una estrategia deliberada de lo que representa generar confusión por una parte y, mientras, hacer camino por otro». «Mientras se comprometen a reducir tensiones territoriales y sociales, hacen más difícil la convivencia en las Islas», ha agregado Pons.
Al respecto de la ley, «que llevará varios días ver todas las consecuencias que tiene», el socialista ha mencionado algunos de los «retrocesos importantes» que comporta «en materia de calidad democrática».
Así, ha advertido que modifica el Consejo Consultivo, donde cambian algunas consultas «que eran perceptivas y ahora serán facultativas»; amplía el margen de fondos exentos de las empresas públicas para pasar por Consell de Govern hasta el millón de euros, y «reduce la participación», porque ya no se pueden presentar alegaciones si no es una entidad que tiene relación directa con la temática que se aborda.
«Hay una especie de intención deliberada de hacer las cosas para que la gente se entere menos y el Govern pueda hacer lo que quiera sin ningún tipo de control», ha sentenciado Pons, remarcando que el decreto es «una tónica que, disfrazada de simplificación, perjudica a los ciudadanos».