Los centros de primaria y secundaria no pueden obligar a las familias a comprar ordenadores portátiles. Es la conclusión a la que ha llegado el colectivo Aules Lliures de Pantalles después de reunirse con el departamento de Inspección Educativa, que avala la legalidad del boicot que algunas familias del CEIP Margalida Florit de Ciutadella iniciaron el pasado curso, negándose a adquirir los llamados ‘Chromebooks'.
La legislación educativa y la propia Constitución les da la razón: la enseñanza básica es un derecho público y gratuito y no se puede exigir ninguna aportación económica que no sea voluntaria. Son las administraciones las que deben dotar a los centros de los recursos necesarios para hacer efectiva la gratuidad de la enseñanza.
Es una de las primeras batallas ganadas por un colectivo formado por padres, madres, docentes, psicólogos y pedagogos que está a punto de cumplir un año y no deja de ganar fuerza. Ya supera las 2.300 firmas de adhesión y el apoyo de nueve claustros de educación infantil. En un momento en que centros y familias empiezan a preparar el próximo curso, quieren lanzar un mensaje claro: no hay razones legales para tener que comprar un ordenador portátil a los alumnos y el centro debe ofrecer alternativas. Quieren que la experiencia vivida en el ‘Margalida Florit' sirva de ejemplo e inspiración para el resto de familias de la Isla.
Todo empezó en el curso 2022/2023, cuando un grupo de padres y madres de cuarto de primaria se negaron a comprar el ‘Chromebook' que les reclamaba el centro. Este aceptó entonces aplazar un año ese requisito, pero llegado este curso las familias mantuvieron su negativa. El centro se puso en contacto con Inspección Educativa para saber cómo actuar y la respuesta, a la que ha tenido acceso este diario, es contundente, confirma que efectivamente los centros no pueden obligar a comprar esos aparatos. De hecho la dirección del colegio ya ha informado a todos los padres y madres que para el próximo curso las familias de quinto de primaria ya no tendrán que comprar el ‘Chromebook'. La escuela buscará maneras de adquirirlos y ponerlos a disposición de los alumnos.
Ámbito privado
Se trata de un paso hacia adelante en la lucha por racionalizar el uso de pantallas en la etapa educativa. La presión parental ha logrado en este caso uno de los objetivos que se perseguía, impedir lo que de facto está ocurriendo –más tarde o más temprano– en todos los colegios e institutos, que los ordenadores portátiles penetren a través de la escuela en la vida privada de los alumnos sin que haya un control efectivo de los contenidos a que tienen acceso y sin atender a los riesgos pedagógicos y de salud mental que un número creciente de estudios denuncia.
Desde Aules Lliures de Pantalles quieren dejar claro que no están en contra ni de la tecnología, ni de la labor del profesorado –muchos de sus integrantes son maestros–, pero subrayan la necesidad de replantear el modelo que se ha impuesto sobre todo desde la pandemia, a la luz ya no solo de los informes, sino de la propia experiencia. Al final el peso del control del uso de los aparatos termina recayendo en familias que, muchas de ellas, no tenían intención de facilitar a sus hijos ordenadores portátiles.
Reducción de la comprensión lectora, descenso de la capacidad cognitiva, distracciones que desploman la capacidad de concentración y ventanas abiertas a contenidos inapropiados y publicidad son algunos de los efectos negativos que ya se está comprobando que afectan a los alumnos por el exceso en la utilización de pantallas y la ausencia de una regulación específica.
Inspección educativa no solo reconoce que los centros no tienen derecho a exigir la compra de ordenadores a las familias, sino que deja claro que se pueden conseguir la llamada competencia digital sin el uso de este tipo de dispositivos particulares, también se podría alcanzar en aulas de informática con ordenadores de uso colectivo. Por otra parte, los centros tampoco pueden llevar a cabo una práctica habitual, exigir que los ordenadores se compren en un comercio determinado.
Generico
«Familias y centros se enfrentan a riesgos difícilmente controlables»
El Parlament acogió la semana pasada la primera comisión no permanente para el «estudio y reflexión sobre el impacto digital en la educación», una iniciativa de Unidas Podemos que surge del colectivo Aules Lliures de Pantalles y que en su estreno contó con la intervención de Valentina Milano, profesora de Derecho de la UIB e integrante del comité de expertos creado por el Gobierno para proteger a menores en el entorno digital. En su exposición, Milano expuso los estudios más recientes que demuestran los riesgos para los menores del uso excesivo e incontrolado de las pantallas y afirmó que «no todas las familias, ni todos los centros educativos tienen herramientas para filtrar los contenidos y limitar el uso de pantallas. El peso del control termina recayendo en las familias, porque en la gran mayoría de casos estos dispositivos llegan a las casas. Familias y centros se enfrentan a riesgos difícilmente controlables».
El apunte
Los centros tienen que ofrecer una alternativa si se rechaza tener cuenta de Google
Los tutores legales no tienen ninguna obligación de aceptar los términos y condiciones para la creación de una cuenta de correo de Google como paso previo para poder utilizar los ‘Chromebooks’. Tienen todo el derecho a rechazar la creación de una cuenta sin saber a ciencia cierta qué uso va a dar el gigante de la informática a los datos que recabe de las cuentas de menores de edad. Así se lo ha comunicado Inspección Educativa a los representantes del colectivo Aules Lliures de Pantalles, desde cuya página web ya ofrecen un modelo de solicitud para que todas aquellas familias que hayan aceptado la creación de esas cuentas puedan revocar la autorización.
En el caso de que los padres de un alumno se nieguen a que se cree esa cuenta, los centros educativos estarán obligados a informar por escrito de qué implica ese rechazo y cómo resolverán aquellas cuestiones para las que el plan educativo prevé el uso de una cuenta de Google (con deberes en formato de papel, por ejemplo). En el caso de que los centros no respondan, las familias pueden denunciar la situación ante el departamento de Inspección de la Conselleria de Educación.