La exalcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila, lamentó anoche ser «la víctima» de la situación heredada que ha motivado la investigación del Tribunal de Cuentas, que le reclama 66.000 euros. «Tengo que poner 66.000 euros de mi propio bolsillo por un convenio que aprobó un gobierno del PP en 2006 y por la subvención que otro gobierno del PP dio en 2014. Y lo que es peor, sin que haya existido perjuicio alguno para el Ayuntamiento, como la propia administración municipal le ha dicho al tribunal y le ha pedido que cierre el caso», apuntó.
Según explicó Gomila, se la acusa de no haber solicitado al Penya Ciutadella la devolución del importe concedido por el Consistorio, cuando la ayuda le sirvió efectivamente al club para costear la construcción de las gradas del estadio de Son Marçal «y, mientras fui alcaldesa, nadie me dijo que debía reclamar el dinero. Pero, como no lo reclamé, ahora me piden a mi que lo ponga». Su única responsabilidad, asegura, es que en 2019 era alcaldesa cuando la Sindicatura de Cuentas fiscalizó la situación contable del Ayuntamiento y halló deficiencias en la tramitación.
Joana Gomila registró el 1 de julio, hace tres semanas, una petición formal para que el Ayuntamiento le pague el abogado y la asistencia letrada, casación incluida, del procedimiento, pero el gobierno del PP abandonó el viernes el Ayuntamiento sin darle respuesta.
Si exceptuamos los casos de presunta corrupción política, en los que el Ayuntamiento se ha personado y ejercido la acusación como afectado, hay otros precedentes. El exalcalde José María de Sintas, por ejemplo, pagó de su propio bolsillo los 544 euros de la minuta del abogado que le defendió de la querella penal que interpuso en su contra la familia de la mujer fallecida en el transcurso de los ‘Jocs des Pla' de 2014. La causa fue finalmente archivada por el Juzgado.