La CNMC avala las baterías de Es Mercadal ante la ofensiva de Endesa para frenarlas

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha dado su visto bueno al proyecto de Red Eléctrica de España para instalar un sistema de baterías en la subestación de Es Mercadal. La inversión a cargo del sistema eléctrico, que figura en la vigente planificación energética 2021-2026, se ha encontrado durante su tramitación con la oposición frontal de Endesa, la compañía responsable de la central térmica del puerto de Maó, de la que Menorca verá reducida su dependencia como consecuencia de la puesta en marcha de la nueva infraestructura de almacenamiento, que permitirá más que duplicar la energía que llega por el enlace submarino.

Pese a los intentos de la empresa del grupo italiano Enel por tumbar el proyecto, Red Eléctrica ve despejado ahora el camino hacia su ejecución gracias al reconocimiento del carácter singular de las actuaciones previstas, condición preceptiva para conseguir los permisos de construcción, que están a su vez pendientes de que concluya el retranqueo de una línea de media tensión de la que precisamente es titular Endesa. Red Eléctrica trabaja con la previsión de que antes de final de año puedan arrancar las obras, que tienen un periodo estimado de ejecución de un año.

La resolución de la CNMC supone un jarro de agua fría para Endesa. La matriz italiana había recurrido a multitud de argumentos para intentar frenar lo que está planificado por el Ministerio para la Transición Ecológica, la novedosa integración de un sistema de baterías en la red de transporte que gestiona Red Eléctrica, extremo que desde Endesa denunciaban que contravenía la normativa comunitaria.

Es cierto que la directiva europea 2019/944 explicita que «los gestores de redes de transporte no poseerán, desarrollarán, gestionarán o explotarán instalaciones de almacenamiento de energía», pero también lo es que se apuntan a algunas excepciones, como que las baterías se traten de componentes plenamente integrados en la red y que las autoridades reguladoras hayan concedido su autorización, como acaba de hacer la CNMC.

La clave está en la prohibición taxativa de que Red Eléctrica, como responsable de la red del transporte y encargado de la operación de todo el sistema eléctrico, haga uso de las baterías para los llamados servicios de balance, es decir, la gestión del equilibrio entre la demanda y la generación. Dicho de otro modo, Red Eléctrica no puede hacer uso de las baterías como si fueran un agente más del sistema, sino limitarse a utilizarlas como una suerte de sistema de seguridad para los enlaces, dicho de forma entendible. Permitirá aumentar la capacidad de transporte del cable con la seguridad de que, si falla (el célebre N-1), durante un periodo de tiempo la energía almacenada pueda suplir su potencia mientras se arrancan los grupos de la central necesarios para suplirla.

Endesa no se lo cree. La compañía considera, y aporta informes periciales al respecto, que las baterías servirán para prestar servicios de balance, cubriendo con su entrada en el sistema desequilibrios en la red que pueden ser corregidos, por ejemplo, con los grupos de generación de la central de Maó. Ello implicaría romper la gran condición, que las baterías sean elementos plenamente integrados en la red de transporte y que vengan a sustituir servicios que actualmente se presten con grupos térmicos de generación.

El órgano regulador reconoce que con la entrada en funcionamiento de las baterías se reducirán las necesidades de reserva rodante, el mínimo de generación, en las centrales eléctricas al incrementar la operatividad de los enlaces, pero se alinea con los argumentos de Red Eléctrica (y del Ministerio, que es quien ha planificado esta actuación) y  avala el uso que se va a hacer de las baterías, no sin antes reclamar a Red Eléctrica    que entregue periódicamente informes que demuestren que está haciendo un uso de la instalación acorde con lo autorizado y sin entrar en contradicción con la directiva europea.

La «distorsión» de las reglas de la competencia es precisamente otro de los argumentos que esgrime Endesa para oponerse a que Red Eléctrica gestione sistemas de almacenamiento. La empresa denuncia que se generan situaciones de «conflicto de intereses» por el doble carácter de Red Eléctrica como operador del sistema y gestor de la red de transporte. Arguye que se deniegan accesos a la red a agentes que quieren instalar baterías por falta de espacio en los mismos puntos en los que Red Eléctrica pretende instalar sus baterías, que requieren de una ampliación de la subestación de Es Mercadal.

Es por ello que reclama que se inicien «de forma urgente» los procedimientos para que se presten de forma competitiva los servicios de balance que Red Eléctrica pueda precisar para una mejor explotación del enlace submarino. Dicho de otro modo, que se abra la gestión de esas baterías o de cualquier otro elemento del sistema, a la libre competencia. En ese sentido, subraya que el uso que Red Eléctrica tiene previsto hacer de las baterías es ineficiente y que el presupuesto estimado está por encima de los valores de mercado.

Precio

En cuanto a la eficiencia del proyecto, Endesa alerta de que permitiendo que sea Red Eléctrica la que gestione las baterías, con las limitaciones de uso antes expuestas, se desaprovecha el potencial de las mismas, que podrían utilizarse para otros servicios con el diseño adecuado. También denuncia que los 37,7 millones de euros que se preveía invertir inicialmente (ahora son casi 50 millones) son «como mínimo 2,5 veces superiores a los costes de referencia que la Comunidad Europea considera razonables».