La demora en la concesión de licencias de obra por parte de los ayuntamientos de Menorca es una problemática que se arrastra desde hace años, pero que lejos de solucionarse va a más. Así lo aseguran los arquitectos de la Isla consultados por este diario, quienes señalan que en estos momentos el tiempo medio para obtener el permiso para iniciar una obra mayor es de más de un año, aunque afirman que en algunos casos el proceso se puede alargar hasta 24 meses.
Este problema, sostienen, es una de las causas de la crisis en el acceso a la vivienda en la Isla, puesto que encarece el coste de los proyectos y desincentiva a los promotores. Además, remarcan que se trata de un incumplimiento grave de la ley, porque la normativa urbanística establece que las solicitudes de licencia deben ser resueltas y notificadas a los interesados en un plazo máximo de tres meses. «Nos piden el estricto cumplimiento del reglamento, incluso con interpretaciones muchas veces no justificadas, pero por su parte no asumen sus responsabilidades», lamentan los arquitectos.
Todo ello, aseguran, acaba perjudicando a los ciudadanos, quienes reciben un mal servicio de la administración y sufren el incremento del precio final de las viviendas. «Se trata de una problemática totalmente cronificada», subrayan desde los despachos de arquitectura de la Isla.
Lentitud administrativa
Miguel Ángel Sicilia, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación de Menorca, considera que los plazos actuales de concesión de licencias son demasiado largos y, además, van en aumento, aunque recuerda que esta situación también se da en la Península. «Cada vez hay menos agilidad, y los técnicos municipales interpretan más cosas de las escritas y hacen informes largos y engorrosos», critica.
También lamenta la lentitud de las administraciones locales Pilar Gornés, una joven arquitecta de Ciutadella, quien asegura que en la ciudad del poniente insular se tarda un mínimo de doce meses en obtener una licencia. «Como profesional, a menudo redacto un proyecto, con todo el trabajo que ello conlleva, y luego estoy doce meses en los que no tengo ningún tipo de información sobre el expediente», explica. Esta demora, señala Gornés, provoca en muchas ocasiones un aumento de los costes para las personas que quieren reformar una vivienda. «Yo he visto gente que se ha comprado una casa con una hipoteca y, a la vez, ha tenido que pagar un año más de alquiler mientras estaban parados sin poder empezar las obras», asevera.
Por todo ello, desde el sector se considera que existe una mala organización de los servicios de urbanismo de los consistorios, que se suma a su escasez de medios, lo que impide sacar las licencias en el tiempo que marca la ley. «Los arquitectos municipales no externalizan los trabajos que podrían ser externalizables, y luego se quedan sin tiempo para tareas como las licencias, que son una responsabilidad administrativa de los ayuntamientos que no es tan fácil encargar fuera», lamentan.
Maraña legislativa
Según los arquitectos, otro de los factores que provoca la demora de los técnicos municipales es la burocracia y la «maraña legislativa» que rige la concesión de licencias, por lo que piden una simplificación y agilización de los procesos, así como la unificación de las ordenanzas de los distintos municipios y una mayor digitalización de los trámites. «Hay una maraña legislativa muy grande y una excesiva regulación, que en ocasiones presenta contradicciones, porque se legisla desde distintas conselleries», señala Enric Taltavull, presidente del Colegio de Arquitectos en Menorca, quien asegura que incluso se pueden llegar a dar discrepancias en la interpretación de la norma entre los técnicos de un mismo ayuntamiento. A todo ello se suma que a los edificios cada vez se les pide el cumplimiento de más requisitos, relacionados con la eficiencia energética o los materiales, lo que complica los expedientes.
Desde el sector también piden que se extienda el uso de herramientas como la declaración responsable para según qué tipo de obras, aunque reconocen que en este caso sería necesario ampliar las inspecciones.
Falta de vivienda
Los arquitectos también consideran que esta situación es uno de los motivos, entre otros, por los que no se están construyendo bloques de pisos en Menorca, puesto que desincentiva la construcción de viviendas particulares y muy especialmente de edificios plurifamiliares, que deben cumplir una función social, y que en estos momentos han desaparecido del panorama inmobiliario de la Isla, provocando una grave crisis habitacional. «La demora de las licencias supone una barrera de entrada para los promotores que quieren promover proyectos de vivienda en Menorca», resume el arquitecto Tolo Martí.
Además, insisten en que el retraso en la concesión de licencias provoca un aumento de los costes, que se suma a la inestabilidad de los precios de la construcción, que también encarece los proyectos. «Todo ello condiciona el precio final de las viviendas, y provoca que los salarios, ahora mismo, no lleguen al precio final del producto», concluyen.