El PP denuncia que el equipo de gobierno de Ciutadella ha incumplido la ley al contratar de forma verbal y sin expediente dos trabajos que no revestían la emergencia necesaria para saltarse el procedimiento preceptivo y en los que, además, afirma que se ha infringido la normativa sanitaria y de seguridad en el trabajo.
La exalcaldesa y actual portavoz popular Juana Mari Pons echa en cara al gobierno formado por el PSOE, PSM y Ciutadella Endavant que haya actuado, «como mínimo, de forma negligente y con poca transparencia», especialmente por encargar servicios de entierro a una empresa constructora que no está «ni acreditada, ni registrada, ni habilitada» para realizar inhumaciones en el cementerio municipal.
El principal grupo de la oposición alerta de la gravedad que supone haber externalizado un servicio que ya es prestado por el ayuntamiento sin mediar expediente y, sobre todo, recurriendo a una empresa cuyo personal —y el operario al que asignó los cuatro entierros contratados— tampoco ha recibido la formación necesaria para inhumar cadáveres.
Es «mucho peor» que el otro caso denunciado por los populares, la contratación igualmente verbal y sin mediar expediente para apuntalar, tapiar y limpiar el edificio de la Fonda Espanya, a raíz de las quejas de los vecinos por la insalubridad y la falta de solidez estructural y estado de abandono del inmueble, situado en pleno Camí de Maó.
Peligro en la Fonda Espanya
Pero tampoco en este caso existe urgencia alguna que permita recurrir a la única excepción que contempla la Ley de Contratación del Sector Público para justificar un encargo directo. «La necesidad de actuar viene, como mínimo, de hace ocho años y no ha sido hasta que el anterior gobierno del PP puso una partida para realizar tareas de consolidación del edificio que se han encargado estos trabajos», apunta.
El PP ha convertido su denuncia pública en una moción que ha registrado para su debate en el pleno de este mes, en la que insta al gobierno municipal a «actuar con transparencia» y conforme a la ley, sin recurrir más a contratos verbales y abriendo el oportuno expediente, evitando así una actuación «arbitraria». Además, pide que en adelante cumpla la normativa de policía mortuoria y sanitaria y no vuelva a encargar servicios funerarios sin ajustarse a la ley.
No obstante, Juana Mari Pons advierte de la «extrema gravedad» de lo sucedido. «No se puede encargar una sepultura a una constructora ni llevar a limpiar un edificio abandonado y sin apuntalar sin contar antes con un informe de seguridad y salud. Han puesto en riesgo a los trabajadores. ¿Y si alguien llega a caerse u ocurre alguna desgracia?», se pregunta. El nuevo gobierno de Ciutadella ha anunciado su intención de reformar en el futuro la Fonda Espanya para conferirle un uso social.
El apunte
El equipo de gobierno municipal se escudó en la falta de personal
La controversia saltó a la palestra en el último pleno cuando, a preguntas de Joan Benejam (PP), las dos primeras tenientes de alcalde, Esther Mascaró y Maria Jesús Bagur, admitieron no haber instruido expediente alguno por estos trabajos escudándose en que su importe no superaba los 2.000 euros.
Mascaró esgrimió que había «una carpeta, con los informes y todo lo requerido» para contratar la actuación en la Fonda Espanya, que le ha costado al Ayuntamiento 1.996,50 euros.
Por su parte, Bagur se escudó en la «situación complicada y límite, difícil de prever», que había dejado al Consistorio sin personal suficiente para realizar entierros. «Fue una solución temporal y aportada por los técnicos del departamento», que -dice- avalaron este proceder.
No obstante, desde la oposición Maria Àngels Ribot ya le advirtió que «la falta de personal en el cementerio no es excusa» para haber seguido un procedimiento que, afirmó, a ella no se le permitió poner en marcha cuando ella estuvo al frente del área.