La crisis del agua que atraviesa el municipio de Maó ha vuelto a poner de relieve la difícil y conflictiva relación que a lo largo de los años han mantenido el Ayuntamiento y la empresa Hidrobal, concesionaria del servicio de agua de la localidad desde 1989. Ahora, el Consistorio ha abierto un expediente a la empresa para determinar sus responsabilidades en los fallos de la gestión de la planta desnitrificadora de Malbúger, pero lo cierto es que anteriormente las dos partes ya habían tenido serias diferencias, que incluso llegaron a tener derivadas en los juzgados.
El actual enfrentamiento entre el Ayuntamiento y el concesionario tiene su principal precedente en el litigio que las dos partes mantuvieron durante años por el impago de 1,8 millones correspondientes a varias inversiones que la empresa había ejecutado sin ser compensada por ello, y que llevó al Partido Popular a presentar un recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del pleno municipal de diciembre de 2016, durante la alcaldía de Conxa Juanola, mediante el cual se aprobó una adenda al contrato que reconocía que la empresa tenía derecho a cobrar dicha cantidad.
De esta manera, la crisis actual vuelve a poner en evidencia que la falta de comunicación y coordinación entre la empresa y los representantes y técnicos municipales ha impedido en ocasiones una gestión eficaz del servicio de agua en el municipio.
Deuda de 1,8 millones
La relación entre el Ayuntamiento de Maó e Hidrobal se inició en 1989, cuando el Consistorio adjudicó a la empresa el servicio municipal de agua potable y saneamiento por un periodo de veinte años. Posteriormente, en el año 2003, el contrato se amplió mediante dos prórrogas de diez años cada una, hasta el año 2029.
Durante la ejecución del servicio, ambas partes llegaron a acumular importantes descuadres financieros, fruto de obras y servicios que se prestaron y que no estaban previstos inicialmente, lo que provocó un desequilibrio que durante años fue motivo de disputa, puesto que Hidrobal reclamaba el pago de una serie de inversiones realizadas, principalmente, entre los años 2007 y 2009, que ascendían a 1,8 millones de euros.
Finalmente, el equipo de gobierno liderado por Conxa Juanola inició en 2015 un proceso para regularizar la situación, respondiendo a las quejas de Hidrobal, que acusaba al anterior equipo de gobierno del PP de no atender sus demandas. Este proceso de regularización culminó en diciembre de 2016, con la aprobación en el pleno municipal de una adenda al contrato del servicio de agua, en la que se reconocía la deuda con Hidrobal y se recogían las obras ejecutadas por la empresa durante los años anteriores, y que habían sido informadas de manera favorable por los técnicos municipales.
La adenda también señalaba que el pago de estas actuaciones se compensaría, en parte, con las deudas de Hidrobal con el Ayuntamiento, por lo que el recuento final establecía un saldo positivo a favor de la concesionaria de 568.374 euros, que se debía compensar con una revisión de las tarifas, que la empresa también reclamaba.
En este sentido, desde Ara Maó se llegó a plantear una subida de los precios a través de un incremento gradual por tramos, aunque bajando los consumos más bajos. El objetivo era incentivar el ahorro de agua, pero con la llegada de Héctor Pons a la alcaldía, en 2019, el nuevo sistema no se llegó a aplicar, con el argumento de que primero era necesario resolver los problemas de nitratos.
Recurso del PP
Sin embargo, el acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento e Hidrobal fue muy criticado por el PP, por considerar que el litigio debería haberse resuelto en los tribunales, lo que llevó a los populares a presentar un recurso contra la adenda, que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma desestimó, al considerar que las obras a sufragar estaban debidamente documentadas y que la adenda suponía «el restablecimiento del equilibrio económico del contrato».
Además, para evitar cualquier sombra de duda, el Ayuntamiento también contrató una auditoría externa, que confirmó que las obras se habían realizado a precio de mercado, aunque con algunas deficiencias formales. Finalmente, en 2021, el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJIB) ratificó la sentencia del juzgado de Palma, y declaró que la adenda se ajustaba a derecho en su totalidad.
También fue en 2021 cuando se puso en marcha la desnitrificadora, cuya mala gestión desde el pasado mes de noviembre ha vuelto a desatar las hostilidades entre el Consistorio y la empresa, a quien Héctor Pons ha abierto un expediente para «identificar sus incumplimientos», iniciando un nuevo capítulo de los desencuentros entre las dos partes.