El Ayuntamiento de Maó conocía los problemas en la planta desnitrificadora de Malbúger desde octubre de 2023 –cuando llegó la queja de un abonado vía telemática por el mal olor del agua–, pero no supo del primer exceso de nitratos hasta finales de mayo, y a partir de ese momento requirió a Hidrobal los datos analíticos completos hasta en cinco ocasiones, sin obtener una información satisfactoria. Por eso se envió un requerimiento formal el 22 de julio exigiendo resultados de analíticas a la empresa, que esta respondió con un informe fechado el 21 de agosto que no se leyó, hasta que el 26 de septiembre la oposición del Partido Popular lo denunció públicamente y estalló la crisis por la gestión del agua.
«Cometimos un error, no estuvimos pendientes y no lo vimos (el informe) por diferentes motivos, podíamos haber solicitado más información, o haber buscado si se había contestado o no (el requerimiento), y no se hizo», admitió ayer el alcalde de Maó, Héctor Pons, en su comparecencia en un pleno extraordinario forzado por el PP.
Pons cargó contra la concesionaria de la gestión del agua en la ciudad, subrayó que Hidrobal es «responsable por contrato de controlar la calidad del agua», y explicó, con los datos que ahora maneja, que entre el 7 de febrero y el 30 de agosto de 2024 constan 61 analíticas hechas en 40 días y con ellas se constata que ha habido 13 positivos en nitratos durante ese tiempo. Las otras 48 muestras son aptas para el consumo humano.
Eso significa que en un 22 por ciento de las analíticas se superó el nivel máximo de nitratos marcado por ley de 50 miligramos por litro –el peor resultado fue de 60,5 mg por litro–, y que el 78 por ciento restante dio parámetros correctos.
Hasta ahí el relato del alcalde, que quiso lanzar un mensaje de tranquilidad, insistiendo en que «Hidrobal tenía que haber comunicado la incidencia a Sanidad».
Opacidad
Una de las principales críticas de los grupos de la oposición, a izquierda y derecha del PSOE, fue la falta de transparencia sobre la situación del agua. «Aunque no se tuvieran los datos completos tenían que haberlos dado igual, no se puede dejar de informar durante once meses», aseguró Jordi Tutzó, concejal de Ara Maó, quien añadió que «la confianza ciudadana hacia la institución ha quedado muy dañada».
Para el PP la falta de transparencia solo respondía a algo ya acordado con la empresa, como se recoge en el informe emitido por Hidrobal y que más tarde rectificó, «no informar» era según criticó Victori, lo «pactado». El alcalde no dudó en volver a culpar a la concesionaria de falsear lo que se dijo en una reunión celebrada con los técnicos del Ayuntamiento, «no era aceptable que Hidrobal mintiera», respondió cuando la concejal popular le acusó de «obligar a retractarse a la empresa» de uno de los párrafos comprometidos del informe, aquel en el que se dice que «de momento, se consensúa con el Ayuntamiento no comunicar a Sanidad el incumplimiento en el caso de suministrar agua con nitratos cuando se desconecta la planta».
El alcalde respondió al concejal del PP, Bernardo Pax, que fue consciente del problema de exceso de nitratos el pasado julio, cuando Hidrobal mandó copia al Ayuntamiento de un correo dirigido a la inspectora de Sanidad informando del incumplimiento de parámetros por problemas puntuales en la planta que ya están resueltos. Sin embargo momentos antes, en su exposición, había afirmado que los técnicos conocieron el exceso de nitratos a finales de mayo.
Punto de vista
Comisión especial y rastreo informático de los mensajes con la concesionaria
El equipo de gobierno no pondrá pegas para realizar un rastreo de todas esas comunicaciones que, según el alcalde, tuvieron lugar entre la empresa Hidrobal y los técnicos municipales a raíz de las anomalías en la desnitrificadora. Una prueba pericial informática que solicitó ayer el concejal no adscrito, Francisco Cardona, y que antes de la dimisión de Dolores Antonio ya había reclamado Ara Maó. El portavoz de la agrupación de izquierdas, Jordi Tutzó, afirmó que la notificación recibida de SILME sobre qué pasó con el informe de Hidrobal y quién abrió ese trámite interno «es muy escueta, queremos una auditoría de verdad», dijo. El pleno aprobó por unanimidad crear la Comisión Informativa Especial del Estudio del Agua, una petición del PP, cuya portavoz Virginia Victori recriminó al PSOE que «llega tarde, la tenían que haber creado desde el primer momento en que se supo que había problemas con el agua». Además de los concejales de cada grupo, la oposición popular solicita que a la Comisión «vengan representantes de Hidrobal y Sanidad, que se implique todo el mundo para buscar soluciones».