El alcalde de Maó, Héctor Pons, rechaza dimitir por su responsabilidad política en la crisis del agua. En un pleno extraordinario que ha aprobado este viernes la creación de una comisión de investigación sobre el exceso de nitratos que se ha ocultado a la población, el edil ha acusado a la empresa Hidrobal, concesionaria del servicio, de haber ignorado hasta cinco veces la petición de analíticas que le habían hecho los técnicos municipales que supervisan el contrato.
«Mi responsabilidad ahora es resolver la situación», ha dicho en respuesta a la portavoz del PP, Virginia Victori, y el concejal no adscrito Xisco Cardona, que han exigido sin éxito la renuncia del alcalde. También ha pedido disculpas a la población, a instancias de los grupos de la oposición incluido Ara Maó: «Cometimos un error y se han asumido las responsabilidades, pido disculpas por ello».
En su relato de los hechos, Héctor Pons ha cargado contra Hidrobal, empresa que según ha dicho es la responsable de «cuidar la calidad bacteriológica» del agua. Ha asegurado que la empresa era la responsable de desconectar la planta desnitrificadora al detectar los problemas y no esperar una orden del ayuntamiento que se retrasó en agosto durante más de un mes porque nadie abrió el aviso.
Pons también ha acusado a Hidrobal de mentir cuando reflejó en un informe que había pactado con el Ayuntamiento de Maó ocultar los positivos por nitratos a la Conselleria de Salud. Los grupos de la oposición, le han recriminado que se escude en la empresa para eludir sus responsabilidades políticas.
Un año de sospechas
La primera sospecha de que algo no iba bien con la desnitrificadora surgió en octubre de 2023, cuando un vecino alertó al Ayuntamiento de un olor extraño en el agua que llegaba a su casa. Este aviso desembocó un mes más tarde en la desconexión temporal de la planta, que funciona mediante un tratamiento microbiológico, para su limpieza en profundidad.
Durante este año, y siempre según el alcalde, Hidrobal ha ido dando largas a las peticiones municipales para ir informando de las analíticas. Una retahíla de evasivas, excusas y la negación de que hubiera un problema estructural con la desnitrificadora más allá de analíticas puntuales. No obstante, esa ocultación de informació no hizo saltar ninguna alarma.
Los técnicos municipales tuvieron noticia ya en mayo de 2024 de que había analíticas con exceso de nitratos. El alcalde, por su parte, fue informado personalmente en julio mediante un correo electrónico de la respuesta que se daba a la Conselleria de Salud de una muestra de abril que también detectaba el problema. En ese escrito se informaba al Govern de que todo estaba resuelto, algo que después se ha demostrado no ser cierto. La misma información se traslada entonces a los grupos políticos de la oposición.
Posteriormente se ha sabido que entre el 7 de febrero y el 30 de agosto hay 13 analíticas que detectan que el agua de la red de Malbúger no era apta para el consumo, en contra de lo que se decía a los usuarios. Héctor Pons ha recordado que el 78 por ciento de las analíticas sí eran correctas y ha pedido no trasladar una «alarma excesiva».
Por qué no se avisó a la población
La pregunta que ha planteado la oposición en el pleno es por qué no se avisó desde el primer momento a la población y se esperó a finales de septiembre, cuando el PP descubrió en el registro de entrada del Ayuntamiento un demoledor informe de Hidrobal remitido en agosto que pedía desconectar la planta. La negligencia que supuso no abrir este informe en su momento motivó la dimisión de la teniente de alcalde de Urbanismo y Ciudad, Dolores Antonio.
«No me explico que ante este informe Hidrobal no hiciera una llamada al Ayuntamiento, ni un email o un WhatsApp, ni que tampoco dijera nada al ver que nadie le respondía», ha expresado Héctor Pons, «cometimos un error, podríamos haber pedido más información y no se hizo, por este motivo dimitió la concejal, se ha pagado un precio alto por este hecho».
El pleno de este viernes ha aprobado la creación de una Comisión Informativa Especial para dilucidar lo sucedido durante el último año entre Hidrobal y el Ayuntamiento de Maó sobre el exceso de nitratos en la red de agua potable que abastece a la mitad del casco urbano. Se hará una auditoría informática de las comunicaciones entre las partes y el PP ha reclamado contar con la presencia de la Conselleria de Salud y la versión de la propia empresa concesionaria, que hasta el momento guarda silencio.