Con la abstención del PP, el pleno aprobó definitivamente la ordenanza municipal de ruidos, tras estimar de forma parcial dos de las tres alegaciones recibidas. La modificación de la norma es «muy técnica» e incluye el endurecimiento de las multas, pasando la sanción máxima de 30.000 a 300.000 euros.
Entre las alegaciones estimadas, se aceptó la petición de la Associació de Veïns Ciutadella Vella, de exponer sus términos «de forma clara, comprensible y fácilmente accesible». También se atendió la demanda de la Associació Menorquina de Cafeteries, Bars i Restaurants, que advertía de la «inseguridad jurídica que generaba la indeterminación de la prórroga» para que las empresas se adecúen a la normativa sonora.
Entendiendo que el plazo de 24 meses que fija el texto «es más que suficiente para que se adapten», el equipo de gobierno eliminó la opción de prórroga.