Los requisitos anunciados por el Govern para que los arrendatarios puedan acogerse a la reducción de precios del nuevo programa ‘Lloguer Segur’ excluyen a grandes perfiles de demandantes de vivienda de alquiler en la Isla. Es el caso de los trabajadores llegados desde otros puntos del país, como funcionarios que vienen a desempeñar puestos de difícil cobertura en el mercado laboral menorquín. La exigencia de acreditar al menos cinco años de residencia les imposibilitará acceder a la nueva oferta rebajada de viviendas que el Ejecutivo autonómico espera que aflore gracias a la iniciativa.
Desde el sector inmobiliario insular advierten, después de leer la letra pequeña del programa, de la exclusión de otro perfil de demandante que de un tiempo a esta parte está creciendo con mucha fuerza, el de personas separadas a la espera de sentencia firme que buscan alojamiento después de haber tenido que abandonar una vivienda en propiedad.
En las condiciones del programa del Govern se establece que los inquilinos no pueden figurar como propietarios, ni titulares de un derecho real de uso de una vivienda en la Isla. Sí se admite, en cambio, una excepción cuando existe una sentencia firme de separación, divorcio o nulidad.
La mayoría de separados que se acercan a las agencias inmobiliarias en busca de una vivienda de alquiler siguen siendo copropietarios de la vivienda familiar, aunque tras la separación y a la espera del acuerdo definitivo ya no puedan residir en ella.
Son dos casuísticas que vienen a alimentar las «muchas dudas» que el programa despertaba este lunes en el sector inmobiliario menorquín. El director comercial de Bonnin Sansó, José Pons, mostraba grandes dosis de escepticismo sobre la efectividad de la iniciativa en el mercado insular. «Si un propietario quiere garantías de cobro, contrata un seguro que garantiza el cumplimiento, la entrada de otros actores (en alusión al Govern) solo añade un control más para los arrendadores, no creo que resulte muy atractivo para los propietarios y se sigue sin abordar el problema de raíz», denuncia, mientras recuerda el escaso efecto de otras iniciativas públicas como el Lloguer Ètic del Consell insular. En su opinión hacen falta acciones «más valientes, una legislación que sea justa con inquilinos y arrendadores, contundente con los impagos, las okupaciones y la desprotección del propietario». Además de poner más fácil las cosas para que se lleven a cabo nuevas promociones de pisos.
Pisos vacíos
Hay que tener en cuenta que este programa está pensado para intentar hacer aflorar viviendas que se encuentran vacías y en disposición de ser alquiladas con carácter inmediato. Al respecto, desde el sector inmobiliario no le ven demasiado sentido a requisitos anunciados como que los pisos lleven al menos seis meses vacíos o que acumulen doce meses sin ninguna persona empadronada. Según la actualización publicada en 2021 sobre el censo de viviendas del Instituto Nacional de Estadística, en Menorca hay cerca de 9.000 casas vacías. Sin embargo, el Govern solo espera que en una primera fase, en todo el Archipiélago, afloren alrededor de 2.000 inmuebles.
En cuanto al precio máximo que desde el Ejecutivo balear se ha estipulado (1.500 euros al mes, igual que en Mallorca), desde el sector explican que con ese umbral entraría la inmensa mayoría de la oferta menorquina, excluyendo solamente inmuebles que van destinados a perfiles de un altísimo poder adquisitivo. En estos momentos la escasa oferta de viviendas en alquiler que se publica en los portales inmobiliarios muestra precios prohibitivos para muchos bolsillos. Por ejemplo, en Maó difícilmente bajan de los mil euros por un piso de dos habitaciones.