El Ayuntamiento de Sant Lluís no pondrá en marcha en noviembre el servicio de taxis a demanda, como había hecho los dos últimos años para atender a los residentes en la costa del municipio durante la temporada baja.
Desde el Consistorio consideran que el aumento del coste de este servicio hace inviable su continuidad tal y como está planteado ahora mismo, y por ello están estudiando la posibilidad de cambiar su funcionamiento y vincularlo a los servicios sociales. Hasta ahora el servicio era gratuito y para usarlo solo era necesario tener la tarjeta de transporte del Consell.
La voluntad de modificar la manera de operar de este servicio también responde a la negativa del Consell de firmar un convenio con el Ayuntamiento de Sant Lluís, como ya ocurre en Es Migjorn y Fornells, donde los taxis a demanda funcionan gracias a un acuerdo entre los consistorios y la máxima institución insular, que se reparten los costes.
Coste al alza
En 2023 el coste del servicio de taxis a demanda en Sant Lluís fue de 10.400 euros, pero este año, y a pesar de haber rebajado la tarifa que se pagaba a los taxistas en casi un 40 por ciento, la factura para el Consistorio se ha disparado hasta los 19.700 euros. «Si quisiéramos volver a sacar el servicio, ahora no lo podríamos hacer mediante un contrato menor, porque se han superado los 15.000 euros», señala el concejal de Movilidad, Jorge de Diego.
Además, desde el Ayuntamiento creen que el servicio no está cumpliendo la función original para la que se puso en marcha, y se ha convertido en «un servicio privado a disposición de algunos usuarios». «En principio, estaba previsto que fuera para personas muy determinadas y con unas necesidades concretas, pero se ha convertido en un autobús de línea regular, que no es lo que se pretendía, y la factura se ha disparado hasta límites que no son soportables», lamenta De Diego.
Nuevo sistema
Desde el Ayuntamiento explican que están trabajando en la revisión del servicio, para enfocarlo hacia la atención a las personas vulnerables, mediante el uso de bonos de transporte. «Hemos detectado que hay personas con ciertas carencias, y lo más probable es que lo instrumentemos todo a través de los servicios sociales, para continuar dando servicio a quien de verdad lo necesite», señala De Diego. Por ello, ahora se trabaja con los servicios sociales para identificar a los posibles usuarios y definir sus perfiles. «Somos conscientes de que hay unas necesidades para personas concretas en la costa que queremos cubrir en la medida de lo posible, pero lo que no podemos hacer es convertir una excepción en una generalidad», remarca De Diego.
De todos modos, la revisión del servicio no se podrá poner en marcha hasta que esté aprobado el nuevo presupuesto, por lo que, como pronto, entrará en funcionamiento el próximo mes de enero.
Joan LluisHo pagam, i molt més que una rata de ciutat!