El Consell y los cinco Ayuntamientos de la Isla gobernados por el Partido Popular se personarán en el recurso contencioso-administrativo, previo a la demanda, que presentó el PSOE de Menorca el pasado mes de septiembre contra el Decreto Ley de simplificación administrativa del Govern, especialmente en las controvertidas medidas en materia urbanística que van a permitir la legalización de construcciones en rústico.
La institución insular, presidida por Adolfo Vilafranca, ha tomado la decisión de concurrir en el proceso para defender sus intereses a partir del acuerdo del pleno del 15 de julio por el que aprobaba la aplicación en el ámbito territorial de la Isla, de la disposición adicional séptima del Decreto de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas en Balears.
El Decreto contempla la posibilidad de que cada Consell insular decida por pleno su aplicación, como así sucedió en el de Menorca para construcciones en suelo rústico que podrán ser legalizadas bajo ciertas condiciones. De prosperar el recurso del PSOE podrían verse lesionados sus propios intereses y los de los ayuntamientos al ser ellos los que otorgan las licencias.
Se personan como demandados
Por este motivo, desde el área de Ordenación del Territorio que lidera la consellera Núria Torrent, se remitió hace dos semanas un oficio a todos los consistorios, como parte interesada, para que puedan personarse como demandados en este proceso judicial ante el Juzgado Contencioso número 2 de Palma.
Torrent reitera que la aplicación del Decreto Ley en Menorca «es una oportunidad para mucha gente que vive en el campo y cumple los requisitos porque ya ha prescrito». Añade que «es un deber darles este procedimiento extraordinario que tiene un plazo de tres años, por ello nos vamos a defender».
Los cinco ayuntamientos que gobierna el PP se han adherido al movimiento del Consell. Alaior, Ferreries, EsMigjorn, Es Castell y Sant Lluís se personarán como demandados, mientras que Maó, Ciutadella y Es Mercadal no han contestado al oficio. Las corporaciones compartirán la misma defensa legal externa que ha sido contratada por la primera institución insular. Desde entonces ya se han mantenido dos reuniones con técnicos municipales de cada consistorio con el fin de establecer criterios homogéneos en cuanto a los requisitos energéticos y medioambientales que deban solicitarse a quienes planteen la petición de legalizar sus construcciones en función del Decreto, en vigor desde el principio del pasado verano.
El apunte
Los socialistas defienden que el Decreto desvirtúa el modelo de Menorca
El recurso contencioso administrativo contra el acuerdo del pleno del Consell presentado por los consellers socialistas, Susana Mora, Bàrbara Torrent, Eduardo Robsy y Josep Pastrana el pasado 19 de septiembre, incide en que la aplicación del Decreto desvirtúa el modelo territorial de Menorca que pretende destruir. Señalaron, además, cuando lo anunciaron que «tiene claros indicios de anticonstitucionalidad por lo que solicitaban una suspensión cautelar de su aplicación. «No podemos permitir que un decreto legalice toda aquella obra ilegal en rústico», en la Isla.