Las imágenes satelitales del resultado de las obras de la finca de Algaiarens (Ciutadella) alimentan la polémica sobre la transformación de este emblemático predio de más de 300 hectáreas situado en una zona de especial protección ambiental. El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico propone una sanción de 3,5 millones de euros –la más alta de su historia– a los responsables del proyecto, entre ellos al dueño, el empresario catalán Manel Adell a través de la sociedad Rock Solid, por presuntas obras ilegales entre las que destaca la construcción sin licencia de una gran piscina. La propiedad niega que lo sea y sostiene que se trata de una balsa de riego prevista en la licencia.
Situación previa. Imagen del Portal Cartográfico de Menorca del año 2018 en el que se ven el conjunto de casas de la finca de Algaiarens antes de su transformación. Comprado por Manel Adell en el año 2014, este ‘lloc’ tiene más de 300 hectáreas de uso agrario y residencial y 572 metros cuadrados de construcciones.
Las fotografías cenitales que publica tanto Google, como el Portal de Cartografía de Menorca muestran una lámina de agua junto al conjunto de casas, contigua a una zona de césped y con color azul, elementos que invitan a pensar que es una piscina, como denunció el acta de inspección ordenada por el Consorcio. Sin embargo, desde la representación legal de la propiedad seguían manteniendo este jueves, con las imágenes en la mano, que es una «balsa autorizada» y que en las imágenes (las del portal cartográfico del Consell son de 2023 y las de Google de 2024) «estaba azul por un tratamiento». Ahora, aseguran, «está verde y con algas y agua totalmente natural porque pasa por el aljibe». Reconocen, eso sí, que en la licencia municipal otorgada esta lámina de agua figuraba «unos diez metros desplazada» de su ubicación final.
En plena obra. La ortofotografía de 2021 publicada por el portal cartográfico del Consell muestra las obras de transformación de la finca en pleno proceso. Al no tratarse de una conversión para uso turístico, el proyecto no tuvo la habitual exposición pública. Se autorizaron balsas, pero en ningún caso una piscina.
Prescrito
Cabe recordar que Rock Solid ha presentado alegaciones contra el expediente abierto por el ente de protección urbanístico, al que acusa de haber llevado a cabo una «inspección prospectiva prohibida por la ley», es decir, de entrar en la finca con el objetivo de intentar detectar cualquier falta «por pequeña que sea». Además aseguran que las infracciones que se le imputan «no tienen ningún fundamento y se basan en meras presunciones del acta de inspección». Advierten de todos modos de que si finalmente se considerase que son constitutivas de infracción «ya habrían prescrito por haber transcurrido más de un año desde su ejecución» y subrayan que «muchas de ellas son actuaciones al servicio de una explotación agraria exentas de control urbanístico».