El gobierno en minoría de Adolfo Vilafranca ha logrado aprobar, a pesar del boicot de Vox, sus primeros presupuestos para el próximo año. A diferencia de lo sucedido en 2024 ya no tendrá que seguir prorrogando las cuentas heredadas del mandato anterior.
Las retribuciones de los cargos electos supondrán en 2025 un desembolso total de 629.000 euros. Para aproximarse al coste real del gobierno insular hay que añadir a esta cifra los salarios del personal eventual (319.738 euros) -con administrativos y asesores tanto del gobierno como de la oposición-, la retribución del personal de gabinete de presidencia (100.454) y la aportación que perciben los distintos grupos políticos (130.000)
El presidente del Consell percibirá una retribución de 66.157 euros brutos anuales, tres mil más de los que aprobó Susana Mora para el último año de su mandato. A esta cantidad hay que añadir las dietas que cobra por su participación en el Consejo de Administración de Autoridad Portuaria, un puesto que este mandato no se ha delegado en el alcalde de Maó, a razón de 900 euros por sesión y con un límite anual de 9.425 euros.
Los dos vicepresidentes de la institución, Carmen Reynés y Simón Gornés, ingresarán por su parte 63.728 euros brutos el próximo año. El resto de consellers ejecutivos, Joan Pons Torres, Núria Torrent, Maria Antònia Taltavull y Juan Manuel Delgado -este último no electo- tendrán derecho a percibir 63.304 euros.
El organigrama del gobierno del Consell se completa con 16 directores insulares, sin contar con los gerentes y directores de organismos autónomos. Aquí se incluyen los recien nombrados Juana Mari Pons y Joan Benejam. La retribución prevista en su caso para 2025 será de 50.227 euros brutos.
Más que como alcaldesa
Se da la circunstancia de que la exalcaldesa de Ciutadella cobrará más a partir de ahora que en su etapa como primera edil. Cuando accedió al cargo en verano de 2023 se asignó un sueldo anual de 44.520 euros aprobado por el pleno, por debajo de lo que cobran los alcaldes de Alaior, Sant Lluís y Maó.
Juana Mari Pons Torres, al igual que Vilafranca, cuenta con un complemento retributivo en calidad de vocal del consejo de administración de una empresa pública, en su caso Ports de les Illes Balears, lo que le da derecho a una dieta de 200 euros brutos por sesión. También tiene derecho a cobrar por las sesiones a las que asista como concejal del PP en la oposición.
Los consellers de la oposición, por su parte, tienen derecho a una dedicación parcial que se traduce en 32.448 euros anuales brutos. La excepción en este caso es Eduardo Robsy, del PSOE, que al acceder a un puesto de asesor de la Presidencia del Gobierno en La Moncloa renunció a la retribución fija del Consell para cobrar dietas por asistencia. En el caso del pleno insular, la indemnización prevista en estos casos es de 570 euros por sesión.
Tu els veus i no en posaries cap a liderar una ferreteria (per dir algu). Aquesta vegada s´han passat de gent poc preparada. Algun comentari diu analfabets. Si comparam els seus cvs, amb la feina i responsabilitat que s´els hi demana, i estic bestant d´acord en que són analfabets. Viva la ignorancia! que deien un temps