El Ayuntamiento de Ciutadella contratará un estudio sonométrico externo de la zona de Es Pla y sus alrededores. El objetivo, anunció ayer la primera teniente de alcalde Esther Mascaró, es «valorar la magnitud real del problema» de ruidos que ha llevado al Tribunal Superior de Justicia de Balears a atender la reclamación formulada por diferentes vecinos de Sa Muradeta y a considerar «insuficientes» las medidas que ha puesto en marcha estos dos últimos años la administración para atenuarles las molestias.
Mascaró avanza que, en función de las conclusiones que se desprendan del estudio, sopesa declarar Es Pla como zona de protección acústica especial, una figura contemplada en el artículo 14 de la renovada ordenanza de protección del medio ambiente contra la contaminación por ruidos y vibraciones.
Esta declaración se prevé para aquellas áreas que soportan «niveles sonoros elevados aunque las actividades recreativas, individualmente consideradas, cumplan los límites legales exigidos». Según la normativa, la zona de protección acústica especial acarrea restricciones en cuanto a horarios y licencias a los establecimientos, que así pueden ver temporalmente limitada su actividad. También se suspende la apertura de nuevas actividades «para no agravar la situación» hasta que un informe técnico acredita que se han recuperado efectivamente los niveles deseados.
El Ayuntamiento también actuará conforme ha resuelto la sentencia de la Sala Contencioso-Administrativa del TSJB. Tal como piden los magistrados, elaborará un plan de mediciones de cada actividad autorizada, aportará al Juzgado la documentación sobre todos los requerimientos efectuados a los locales e instruirá los expedientes sancionadores que correspondan.
Medidas «insuficientes»
El juzgado Contencioso número 2 de Palma declaró en 2023 vulnerado el derecho fundamental al descanso de los vecinos y condenó a la administración por la «inactividad» que había tenido hasta entonces, una inacción que, según los vecinos, provocaba la concentración de numerosas personas «atraídas por la tolerancia» municipal.
El Ayuntamiento tomó nota. Creó una unidad sonométrica, formó a siete agentes de la Policía Local, compró un sonómetro de última generación e impulsó una campaña de control de los bares de ocio. También encargó a la empresa Dnota una prueba piloto que arrojó «resultados esperanzadores». Bajó la emisión de decibelios, pero no lo suficiente. Como concluyó la Sala ante las quejas vecinales, «la situación sigue siendo la misma».
Medidas en el centro
No es la primera vez que los tribunales resuelven a favor de los vecinos y obligan a tomar medidas. Así ocurrió ya en 2014 cuando, a raíz de una sentencia, se modificó el Plan del Casco Antiguo para restringir la apertura de terrazas en los patios interiores de los bares del centro. Un vecino también llevará al Ayuntamiento a juicio tras avalar el TSJB la inacción municipal ante las molestias que sufre desde hace 10 años por la concentración de personas fuera del local junto a su casa.
mercurio,nada que ver,es pla si que estaba ahi pero los bares no