La sala de plenos del Consell volvió a ser escenario este lunes de una protesta entre acusaciones al equipo de gobierno del PP de destruir el territorio, una movilización liderada por los ecologistas del GOB para denunciar la legalización de edificaciones en suelo rústico cuyas infracciones han prescrito y se han quedado fuera de ordenación.
Los votos del equipo de gobierno del PP y el de Vox permitieron aprobar la aplicación del procedimiento de legalización extraordinaria de edificaciones, construcciones, instalaciones y usos existentes en rústico, contemplado en la disposición adicional séptima de la Ley 7/2024 de medidas urgentes de simplificación y racionalización administrativas de las Administraciones públicas de las Illes Balears.
Esta nueva ratificación plenaria del proceso para la legalización de construcciones en el campo -en julio de 2024 ya se aprobó cuando el texto era un decreto-ley-, concede de facto una ampliación del plazo a los infractores para poder legalizar las obras, ya que si inicialmente el tiempo fijado de tres años acababa en julio de 2027, ahora finalizará en marzo de 2028, es decir, ganarán ocho meses.
El debate se centró en los hortals y en la posibilidad de legalizar viviendas, piscinas, o ampliaciones de casas en el campo, los denominados hortals.
La consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, argumentó que el problema ya existe y hay que darle solución, las edificaciones cuentan con fosas sépticas, «contaminan el acuífero» y recordó que los infractores deberán realizar aportaciones económicas que se destinarán a mejoras medioambientales y a promover vivienda asequible.
Pero la oposición del PSOE y Més les acusó de generar inseguridad jurídica para «desproteger y destruir el territorio», además de sospechar que otro tipo de instalaciones, como el parque acuático de Sant Lluís, se podrían beneficiar de la ‘amnistía’ en suelo rústico.
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