Primero fue una asociación local de Fornells, después el Ayuntamiento de Es Mercadal y ahora el GOB. La entidad ecologista ha presentado un tercer recurso contra el concurso para gestionar los cinco nuevos pantalanes de Fornells, en el que se han presentado trece empresas.
El GOB recuerda que en el concurso se incorporaron una serie de condicionantes, como la instalación de boyas ecológicas o la vigilancia de los anclajes en determinadas zonas que «no tienen ninguna perspectiva de ejecutarse a corto plazo» y por tanto «algunas de las instalaciones previstas no serán operativas para las empresas que adquieran su gestión».
En este sentido, los ecologistas detallan que en la licitación de los pantalanes Ports introdujo unas cláusulas en las que se comprometía a destinar 54.000 euros al Comité Posidonia para la instalación de 55 boyas fuera de la bahía de Fornells, a dedicar 56.000 euros para la delimitación y gestión de la zona de anclaje permitida delimitada en la parte central de la bahía, así como una partida de 30.000 euros para la vigilancia diaria de anclajes durante el verano, en las zonas protegidas del Área Marina del Norte de Menorca y de Punta Redona en el Arenal d’en Castell.
El GOB asegura que las dos primeras partidas ya fueron transferidas al fondo Posidonia en 2023, aunque «la semana pasada el Comité Posidonia se reunió y no ve claro que deban ejecutar las mencionadas instalaciones e incluso se plantea la posibilidad de usar el dinero para otros fines». Ante ello, la asociación ecologista ha remitido un escrito tanto al Comité Posidonia como a Ports IB, para recordar que «los condicionantes ambientales son de obligado cumplimiento y que las partidas económicas habilitadas son finalistas, por lo que no se pueden usar para otras iniciativas».
Asimismo, alerta a las empresas que optan a la gestión de los amarres que «sepan que, hasta que no se dé cumplimiento a los requisitos establecidos, habrá una parte de las instalaciones que no se podrán poner en marcha».
Ports debería desaparecer. Funciona com una empresa privada que controla y explota lo que es de todos sin que veamos por ninguna parte beneficios sociales y ya no digamos económicos. Todo esto que manejan debería ser responsabilidad de los respectivos ayuntamientos o en el peor de los casos del Consell (ni tan siquiera del Govern Balear)