El nuevo Decreto de Contención Turística y Medidas Transitorias Contra la Oferta Ilegal, aprobado por el Govern y publicado este martes en el Boletín Oficial de Balears (BOIB), prohíbe autorizar nuevos alquileres a turistas en buena parte de los apartamentos particulares existentes en las urbanizaciones. La disposición adicional segunda que acompaña al decreto restringe en la práctica la actividad de alquiler turístico que la zonificación incluida en el Plan Territorial Insular (PTI) circunscribe esencialmente a las urbanizaciones de costa y que ya la prohíbe en las ciudades.
El texto impide a partir de ahora autorizar más la actividad turística en viviendas plurifamiliares sometidas al régimen de propiedad horizontal, pero excluye expresamente los adosados o pareados, así como los chalés unifamiliares, que son los que acostumbran a comercializarse con precios más caros en el mercado.
La disposición autonómica, que deroga todas las dictadas en sentido contrario por el Consell insular, pretende limitar el alquiler turístico de este tipo de viviendas plurifamiliares en apartamentos, que ya suma 160.000 plazas en todas las Islas y que son mayoritarias también en Menorca, para poder reconducirlas hacia el mercado residencial.
Renovación a los cinco años
Las viviendas plurifamiliares que ya se explotan turísticamente con licencia también deberán renovar el permiso al cabo de cinco años, cuando verán elevadas las exigencias de calidad. Para seguir alquilándose a turistas precisarán recabar el visto bueno de su ayuntamiento y de la comunidad de propietarios.
Por otro lado, el decreto reactiva el intercambio de plazas entre particulares -sin crecimiento de camas- y el cambio de usos de establecimientos turísticos en vivienda, pero exclusivamente para uso residencial. Eso a la espera de que el Consell apruebe su techo turístico, fijado en 107.917 plazas, para levantar la actual moratoria que está en vigor desde el año 2022.
Además, la nueva normativa crea una bolsa transitoria vacía que recogerá aquellas plazas que se den de baja entre particulares para garantizar así la contención del crecimiento turístico. El Consell también podrá dar de baja todas las plazas turísticas en viviendas que no hayan registrado actividad de manera consecutiva en los tres últimos años.
El decreto ley también eleva el importe de las sanciones por alquiler ilegal hasta los 500.000 euros y establece medidas de reconversión de la oferta obsoleta, para avanzar hacia la sostenibilidad.
Como novedad, el decreto regula asimismo la posibilidad de alquilar habitaciones de una vivienda habitual a turistas, algo que ya se daba en la práctica pero que no permitía hasta ahora la legislación actual.
Menorca cuenta con 30.400 plazas de alquiler turístico, pero se estima que la oferta ilegal prácticamente duplica a la reglada.
PSOE y Més denuncian que aviva la especulación y el crecimiento turístico
Los dos grupos de izquierda en la oposición denuncian que el Consell de Menorca se entregue a las medidas que el Govern toma desde Palma y al dictado de Vox. El PSOE las considera «un atentado contra el modelo de Menorca», al alentar el crecimiento turístico y la especulación inmobiliaria. Més per Menorca lo ve también «una operación especulativa disfrazada de solución al problema de la vivienda».
La solución al eterno caos de la ITV es sencilla, bastaría que, como es norma en otros países, se autorizase a los talleres a realizar la inspección.