Todavía no se ha aprobado ni es de aplicación, pero tanto el Ayuntamiento de Ciutadella como el de Maó han avanzado su rechazo a la aplicación del acuerdo parlamentario entre PP y Vox que facultará a los ayuntamientos de Balears de más de 20.000 habitantes para reclasificar suelo rústico en las áreas de transición -es decir, junto a los cascos urbanos- para destinarlos a la construcción de viviendas.
PSOE, PSM y Ciutadella Endavant aprobaron por urgencia en el pleno de este jueves una moción que se cierra en banda ante esta posibilidad. La concejal de Urbanismo, Sandra Moll, sostiene que el decreto ley 3/2025 de proyectos residenciales estratégicos, pensado inicialmente para Palma, pero que se extenderá a todas las Islas, «fomenta la especulación inmobiliaria y atenta contra la planificación urbanística municipal».
«Ninguna de las viviendas que anuncian tendrá un precio que se pueda permitir la clase media», defendió en su intervención. Los promotores que se acojan a esta reclasificación podrán vender la mitad de las viviendas a precio de mercado y el resto a premio limitado, esto es un 30 por ciento más baratas. Asimismo, deberán ceder al ayuntamiento un 15 por ciento de aprovechamiento para construir vivienda de protección pública.
El gobierno de Ciutadella ve insuficientes estas contrapartidas y calcula que los pisos saldrán a la venta a partir de 350.000 euros en el mejor de los casos. Un «urbanismo a la carta», según sus palabras, que no respeta la autonomía local, si bien el acuerdo entre PP y Vox da la última palabra a los plenos municipales, que serán soberanos para decidir si se acogen o no al decreto una vez que se convierta en ley.
Maó ve «otros intereses» en el Govern
En el caso del Ayuntamiento de Maó, el alcalde Héctor Pons considera, a falta de conocer el texto definitivo que salga del Parlament, que «no se puede hacer cualquier cosa con el pretexto de las políticas de vivienda». Entiende que en la ciudad hay todavía zonas por desarrollar y apuesta por las viviendas de protección oficial, asignadas en base a los criterios de renta que fija el Ibavi.
El edil mahonés percibe en la medida «un interés por favorecer a determinados propietarios de terrenos» puesto que, además, «estos pisos no irán dirigidos a la gente que lo necesita, de rentas medias y bajas que no pueden asumir hipotecas de 350.000 euros por viviendas de 80 metros cuadrados». Vislumbra que pueden ser más para un mercado de segundas residencias.
En cuando a la opción de recalificar suelo rústico en el entorno del casco urbano, entiende que hay que ceñirse a los espacios de crecimiento que ya están establecidos por normativas como el PTI o los planes generales, más aún cuando en Menorca «el rústico siempre ha estado protegido, es lo que nos ha dado nuestra identidad».
Maó, Ciutadella y Alaior
Más allá de la conversión del suelo rústico, las enmiendas al decreto pactadas entre PP y Vox aluden a los suelos urbanos y urbanizables que estén pendientes de desarrollo en los municipios de más de 10.000 habitantes, lo que incluye también a Alaior. En este caso se permite una reducción sustancial de los plazos de tramitación urbanística para edificarlos, que podría reducirse de los diez años actuales a un periodo de entre 18 y 24 meses.
El Govern admite que se trata de una «media extraordinaria», pero la justifica por la emergencia habitacional que existe en las Islas. Desde la izquierda, no obstante, rechazan el planteamiento porque supone, a su juicio, un «regalo» a los promotores inmobiliarios que podrán vender a precio de mercado la mitad de las viviendas resultantes, mientras que el resto pese a la limitación seguirán estando por encima de la capacidad de compra de una familia de clase media.
Claro, así seguro que hay pisos para todos ...