La presidenta Marga Prohens se encamina hacia el ecuador de su primer mandato al frente del Govern, inmersa en la negociación con Vox para la aprobación de los presupuestos. Esta semana ha visitado la redacción de «Es Diari» para comentar los ejes principales de la política del PP en estos dos años, un encuentro en el que ha avanzado que el Ejecutivo balear aumentará su aportación para las obras de reforma de la carretera general en 2,5 millones de euros, hasta un total de 8,5.
¿Está encarrilada la negociación de los presupuestos del Govern con Vox?
—Las negociaciones están abiertas y no me gusta hacer valoraciones mientras los equipos están trabajando. La discreción es muy importante para llegar a acuerdos. Se hacen desde el máximo respeto por una formación que es la tercera fuerza política de la comunidad y que se presentó, como el PP, pidiendo un cambio. Lo que pido es que se tenga en cuenta la correlación de fuerzas entre ambos. Hay puntos en los que es fácil llegar a acuerdos y otros en los que tenemos muchas diferencias. Yo he marcado mucho las líneas rojas para este gobierno y, a partir de aquí, lo que intentamos es poner por delante los puntos que nos unen.
¿Cuáles son estas líneas rojas?
—La lengua es un tema del que tenemos distintos puntos de vista. Lo que marca el Estatut es un punto del que no me moveré nunca, desde la convicción de que tenemos una lengua propia y dos lenguas oficiales, que conviven con total normalidad. Este bilingüismo es una riqueza y las administraciones tienen que poner todas las herramientas para que los ciudadanos se puedan comunicar en cualquiera de las dos lenguas oficiales. Pero en un contexto en el que hay una gran falta de profesionales sanitarios, la salud tiene que ir por delante de la ideología. La equidad en el acceso a la sanidad pública pasará siempre por delante de un requisito lingüístico que era disuasorio.
La Ley de Memoria parece, en cambio, en la cuerda floja.
—Nosotros siempre hemos puesto en valor la ley de recuperación de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo, una ley consensuada con la oposición. Por eso hemos continuado con el plan de fosas. Otra cosa es lo que se hizo con la Ley de Memoria, con la que no hubo voluntad de consenso. En su momento ya dijimos que había artículos con los que estábamos de acuerdo, otros que nos eran indiferentes y otros con los que estábamos radicalmente en contra. Partiendo de esta base, a principio de legislatura llegamos a un acuerdo con Vox y asumimos la derogación de esta ley como petición de ellos, pero nunca ha sido una prioridad para el PP, ni su derogación ni tampoco su mantenimiento. Además, hay otra ley estatal que engloba la inmensa mayoría de artículos de esta ley. Ahora es un tema que vuelve a estar encima de la mesa, y la postura del PP es la misma.
En Menorca hay preocupación por la posible construcción de pisos en suelo rústico junto a las ciudades ¿Puede asegurar que los ayuntamientos de Maó y Ciutadella tendrán la última palabra?
—Es una preocupación infundada, porque está establecido que son los ayuntamientos, tanto en el caso de los terrenos urbanos y urbanizables como en las áreas de transición, los que tienen la última palabra. Hay que decir que en los dos casos son suelos pensados para acabar siendo vivienda. Y por eso, ante una situación de emergencia habitacional excepcional, provocada por ocho años de ausencia absoluta de políticas de vivienda, esta es una medida más. Pero serán los ayuntamiento de Maó y Ciutadella los que decidirán qué suelos quieren desbloquear, con la condición de que estos suelos lleven alguna medida de protección y que sean viviendas para residentes, porque pedimos un periodo mínimo de residencia para poder acceder a ellas. Por lo tanto, los ayuntamientos decidirán si quieren vivienda para residentes o no.
De hecho, solo hay dos ayuntamientos de más de 15.000 habitantes en Balears que no se han sumado a la ley de emergencia habitacional para la reconversión de locales comerciales en vivienda o la división de grandes viviendas, y estos son Maó y Ciutadella. Es triste y además es una irresponsabilidad que solo porque el Govern sea de otro color político, estos dos ayuntamientos se nieguen a facilitar vivienda asequible a los residentes. Es un precio demasiado alto que hacen pagar a los mahoneses y ciutadellencs por unos prejuicios ideológicos.
Los hoteleros se han mostrado favorables a eliminar las licencias turísticas en los núcleos urbanos ¿Estaría de acuerdo con esta medida?
—Lo que hemos hecho ya está en el decreto de contención, y por primera vez tenemos una normativa que impide nuevas plazas de alquiler en plurifamiliares. Pero las ya existentes, que tienen un derecho, o las que no son en plurifamiliares, tienen una bolsa de plazas y tendrán el techo y las condiciones que establecerá el Consell de Menorca. Yo creo que el alquiler turístico en vivienda vacacional de calidad, con las condiciones más restrictivas que ponemos ahora, puede convivir perfectamente.
El programa Lloguer Segur solo ha consegido cerrar dos contratos en Menorca, y hay una veintena en proceso. ¿Están funcionado las políticas de vivienda?
—Es un ritmo normal de un programa que es innovador en toda España, y que tiene el objetivo de dar seguridad a los propietarios, quienes se encuentran con una falta de seguridad jurídica, porque la ocupación existe. Para mí la ocupación es un hecho delictivo y los ocupas son delincuentes. Estas 20 viviendas son más que el ritmo de construcción de vivienda pública o de las expropiaciones que se anunciaron y fracasaron la pasada legislatura. Creo que el programa dará sus frutos, pero se puso en marcha en febrero.
Los problemas de la vivienda también tienen mucho que ver con el ‘boom’ demográfico que ha vivido Balears en los últimos 25 años. ¿Hay que poner límites también a la población residente?
—Siempre defiendo que hay una España que se vacía y una que se llena. Y nosotros somos la España que se llena. Esto es así porque somos una tierra de oportunidades, donde prácticamente no hay paro y la AIReF ha dicho que seremos la comunidad autónoma con más crecimiento económico. Pero es verdad que este modelo se tiene que transformar, porque el modelo turístico es muy intensivo en mano de obra, muchas veces poco cualificada y que tiene que venir de fuera, porque aquí no la encontramos. Esto produce el crecimiento demográfico. Por tanto, tenemos que transformar este modelo económico, y apostar por uno más intensivo en conocimiento e innovación. Por ejemplo, desde el Govern hemos hecho una apuesta sin precedentes por el Centre Bit, y hacemos una inversión de 5,8 millones de euros para que Menorca tenga un polo de atracción de conocimiento.
Además, tenemos que adecuar los servicios públicos a esta demanda. Lo que no puede ser es que pasen las legislaturas y la carretera general de Menorca esté sin acabar. Por ello, aumentaremos a 8,5 millones nuestra aportación para finalizar el tramo de Maó a Alaior. También defendemos la sanidad pública poniendo los medios necesarios, como los 21 profesionales que hemos incorporado en Menorca o el nuevo especialista en digestivo que se incorporará al Mateu Orfila en verano.
Las últimas semanas ha sido noticia el incremento de las tarifas de los vuelos interislas. El Govern no se ha mostrado muy beligerante en contra
de esta subida.
—Nosotros preferíamos que no se subieran, pero tampoco podemos poner en riesgo la conectividad. Pero quien tiene la información, quien toma la decisión y dice si la conectividad está en peligro, es el Gobierno central.
TobalMedia España? Creo que en Menorca, a parte de españoles y algún europeo, hay muchos también de Latinoamérica y África. Y todos necesitan viviendas