Los jueces de paz de Menorca advierten de que la nueva Ley de Medidas de Eficiencia Procesal, más conocida como la ‘Ley Bolaños’, que entró en vigor el 3 de abril, saturará sus juzgados por la nueva atribución que les confiere en cuanto a las mediaciones previas necesarias para interponer una demanda en los tribunales.
La de conciliación es una función que, antes, ya realizaban en los juzgados de paz. Sin embargo, ahora, al contemplarse por ley la obligatoriedad de intentar una mediación para poder recurrir a la vía judicial, los jueces de paz prevén un incremento de casos.
Así lo expone Antoni Gornès, juez de paz en Alaior, quien señala, además, que se han elevado las cuantías máximas, por lo cual más demandantes podrán recurrir a esta figura. Si antes los jueces de paz intervenían en reclamaciones de hasta 90 euros, ahora esta cifra «aumenta a los 150 euros», y para los expedientes de conciliación civil se fija una cantidad inferior a 10.000 euros, cuando antaño era de hasta 6.000 euros.
Tribunales colapsados
Prevén que este incremento de casos se producirá «cuando se reduzca el tapón que se ha generado en los tribunales», señala Gornès. «Los abogados corrieron para interponer, antes del 3 de abril, las demandas que tenían en marcha», para evitar trámites como las conciliaciones.
Será luego cuando «los juicios por faltas leves colapsarán los juzgados de paz», con procesos que son gratis para el usuario.
Bodas
Por otro lado, como añade el juez de paz de Es Castell, Fernando Marimón, la ‘Ley Bolaños’ ha supuesto la pérdida de funciones, como la celebración de bodas y todas aquellas tareas propias de registro civil que venían ofreciendo a los ciudadanos. «Ahora, las bodas [civiles] solo pueden celebrarlas los políticos de los ayuntamientos y los notarios, pero allí hay que pagar, y en el juzgado de paz era gratuito».
Sobre esto, «el ministro ha reconocido que ha sido un error y que devolverán las bodas a los juzgados de paz, pero todos sabemos lo que tarda la tramitación parlamentaria, pueden pasar años», lamenta Marimón. De hecho, la Federació d’Entitats Locals de Balears (Felib) y la Asociación de Jueces de Paz de Balears (Ajpib) reclaman la devolución de esta atribución.
Atendieron unos 1.700 exhortos en 2024
Los partidos judiciales de Ciutadella y Maó trasladaron un 1.478 exhortos a los juzgados de paz de Alaior, Es Castell, Sant Lluís, Ferreries y Es Migjorn Gran. No hay datos de Es Mercadal, pero su cifra rondaría los 300.
El juzgado de paz de Es Castell fue el que más solicitudes de cooperación judicial recibió, en su caso, de los tribunales de Maó. Fueron 486 peticiones, 426 de tipo civil y 60 penal. Cifras similares se dieron en Alaior, donde llegaron 468 exhortos, 410 civiles y 58 penales.
Fue menor la carga para los jueces de paz de las otras localidades. En Sant Lluís recibieron 334 exhortos (304 civiles y 30 penales); en Ferreries fueron 147 (93 civiles y 54 penales); y en Es Migjorn Gran se alcanzaron las 43 peticiones del partido judicial de Ciutadella, 22 civiles y 21 penales. Estas cifras revelan que las causas penales fueron porcentualmente más numerosas en Es Migjorn Gran (la mitad del total de los exhortos) y Ferreries (36 por ciento). Hubo menos peticiones de naturaleza penal en Alaior (12,4 por ciento), Es Castell (12,3) y Sant Lluís (9 por ciento). De Es Mercadal, en seis meses de 2025 se han recibido 176 exhortos, 131 civiles y 45 penales, que lo situaría sobre más de 300 al año.
Una ley para convertir a los jueces en comisarios políticos al servicio de la infinita corrupción sanchista.