El Ayuntamiento de Maó ha aprobado desde 2015 un centenar de proyectos de reconversión de locales comerciales en vivienda, 99 en concreto, y tiene alguno más en trámite. Así lo explicó el jueves en el pleno municipal el alcalde Héctor Pons para ilustrar el hecho que, al limitar el ámbito de aplicación de la Ley de Medidas Urgentes del Govern, no se está impidiendo que estos cambios de uso se lleven a cabo en la totalidad del núcleo urbano.
La aplicación de la normativa autonómica en Maó, que se aprobó el jueves en su segundo intento gracias al cambio de voto del PP, permitirá que en determinadas calles se exonere a los propietarios de locales de los requisitos que establece el marco jurídico municipal, principalmente no sobrepasar la densidad máxima marcada por el PGOU en la zona en cuestión y disponer de una plaza de aparcamiento.
El alcalde explicó que no aplicar la ley autonómica en ejes comerciales supone no dar más facilidades para hacerlo, «en todo el municipio, en el Carrer Nou se puede convertir un local en vivienda, si se cumplen unas condiciones». También justificó no incluir las travesías de Avenida Menorca «porque allí ya se están dando licencias de este tipo», enumerando incluso algunas que están ejecutadas o en trámite.
Más de un año sin aplicarlo
Héctor Pons responsabilizó al PP de haber estado más de un año sin poder aplicar estos preceptos de la norma autonómica, «si no se amplía el plazo, ahora los propietarios dispondrán solo de cuatro meses». Esto es así porque atribuye al PP el fiasco de la primera votación del mismo texto, «si ahora se abstienen por responsabilidad, como dicen, entonces actuaron con irresponsabilidad».
De la normativa autonómica se asume también en Maó la opción de homogeneizar alturas de edificios en un mismo barrio más allá de los límites municipales, algo que, afirmó el alcalde, tendrá un efecto muy reducido. De hecho, dijo, hay dos obras recientes de plurifamiliares en Maó que han ampliado considerablemente las alturas de los edificios existentes. «Tendrá poco efecto, pero es aplicable. Hacemos las cosas pensando en que sea algo coherente, no en hacer política», indicó.
Las reacciones de PP y Ara Maó
Que esta iniciativa saliera ahora adelante no evitó al PSOE las críticas del resto de grupos. Francisco Plaza, concejal del PP, mantuvo que la aplicación parcial de la ley autonómica, con solo dos puntos de cuatro posibles y uno de ellos solo en una parte de la ciudad, «se hace con afán político y no técnico, si no no nos hubieran impedido reunirnos con los técnicos para encontrar un acuerdo. No quieren consenso, pero les recuerdo que gobiernan en minoría».
Por parte de Ara Maó, Jordi Tutzó consideró «incomprensible y fuera de toda lógica» volver a llevar al pleno el mismo texto que hace más de un año,«sin afrontar el problema real de la vivienda, que es la turistificación». Advirtió de los efectos de dar facilidades a las reconversiones, «no traslademos la especulación a los locales». Desde el grupo mixto, Xisco Cardona consideró demasiado limitada el área de aplicación de la ley,«se desvirtúa».
¡No! El modelo de ciudad en Europa es justamente el contrario. El que da vida a las ciudades es tener pisos y en la planta baja las tiendas de proximidad. No queremos locales convertidos en casas, queremos casas. Queremos control, que las que hay disponible en fondos buitres y especuladores acaben donde tienen que estar: con las familias que viven en la isla. Turistas a los hoteteles como se ha hecho siempre. Hacer eso básicamente es un esperpento. Es matar el modelo de ciudad que da vida a los barrios.