Durante su intervención en el acto de apertura del año judicial, en la que presentó la Memoria anual de la Fiscalía, el fiscal superior de Balears, Julio Cano Antón, se refirió a las distintas respuestas jurídicas ante el fenómeno de la migración. El fiscal destacó que este fenómeno ha adquirido en las Islas «una dimensión hasta ahora totalmente desconocida», debido a la apertura de la ruta marítima desde Argelia.
En este sentido, puso de relieve la situación de los menores migrantes no acompañados, de quienes señaló «su extraordinaria fragilidad, derivada no solo de su edad, sino de la falta de redes de apoyo familiar o social, y de la carencia de referentes adultos». Para ejemplificar este drama, recordó el caso de la patera 143, detectada el año pasado en Mallorca, que transportaba a 28 personas, 14 de las cuales eran menores, y solo tres de ellos iban acompañados. «Nuestra credibilidad como una de las sociedades más avanzadas del mundo depende de que seamos capaces de acoger, desde todas las instituciones públicas y la sociedad civil, a estos niños y adolescentes que huyen de una situación intolerable en sus países de origen, buscando tan solo una vida mejor», afirmó.
Por ello, Cano subrayó que la respuesta de la sociedad española a esta realidad no puede ser el derecho penal. «El recurso al derecho penal solo es la constatación del fracaso de la sociedad entera en ofrecer a estos niños y jóvenes una integración suficiente y un futuro digno», enfatizó.
Lentitud y ocupación
Al igual que el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Balears, Carlos Gómez, el fiscal superior también se refirió a la falta de recursos como una de las causas de la lentitud de la justicia, algo que no dudó en calificar como una «gran lacra».
La demora en la resolución de los casos, según Cano, también se debe a lo «ineficiente y farragoso de ciertas regulaciones procedimentales», y puso como ejemplo la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se remonta al siglo XIX.
Durante su intervención, Cano también hizo referencia a la «visión sesgada» que la ciudadanía tiene de la administración de justicia. A este respecto, aseguró que, pese a vivir en un país con una baja tasa de criminalidad, los españoles no tienen la impresión de residir en uno de los países más seguros del mundo. «La percepción distorsionada de la realidad se evidencia, por ejemplo, en que proliferan los seguros contra la ocupación de viviendas, un fenómeno grave, pero no frecuente», aseguró.
Lo mejor que se puede hacer con los menas es devolverlos a sus familias. No hay guerra en Marruecos ni en Argelia. No hay hambruna, no hay persecución religiosa salvo a los cristianos. Donde mejor pueden estar es con sus familias y eso es lo que debería procurar el gobierno de España. Alojar niños solos en un país extranjero no es preocuparse por su formación ni su educación ni su guía parental. Eso se consigue reintegrándolos a sus familias. Cualquier otra cosa es perjudicarles para el resto de su vida.