El pequeño comercio del sector joyero se ha visto afectado por la aplicación del reglamento de seguridad privada, que exige disponer de férreas medidas de seguridad, sin hacer distinción entre grandes y pequeños comerciantes. Estos negocios están obligados a disponer una serie de medidas protectoras, cuya implantación supone desembolsos de alrededor de 10.000 euros. Inversiones difíciles de afrontar y que ponen en riesgo la viabilidad de los negocios. En caso de no disponer de estos sistemas de seguridad, la empresa se expone a sanciones de entre 20.000 y 100.000 euros.
El 17 de septiembre informaba «Es Diari» de tres sanciones impuestas a establecimientos de la Isla, por parte de la Unidad de Seguridad Privada de la Jefatura de Policía de Balears. Multas que han alcanzado los 20.001 euros, por incumplir las medidas de seguridad de ‘Grado III’ para «establecimientos de joyería y platería, así como en aquellos en los que se fabriquen o exhiban objetos de tal industria», recogidas en el artículo 127.1 del Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre.
Algunos de los afectados denuncian el afán recaudatorio de la norma, ya que «no diferencia entre la alta joyería y el taller artesano, no tiene en cuenta la facturación que se tiene, ni el estoc de materiales, nos meten a todos en el mismo saco y los pequeños quedan sin opción de montar un taller», denuncia Isabel Mir, una joyera artesana radicada en Ciutadella.
Además, según apunta Bernardino Barrueco, que regenta un negocio de compra y venta de oro en Ferreries también multado, a la hora de sancionar «no tienen en cuenta que ya tengas algunas de las medidas de seguridad implantadas, da igual no tener ninguna que la mitad de ellas», de ahí que critique también el afán recaudatorio de la medida. En su caso, «llevo dieciséis años con la joyería y había pasado todas las inspecciones, tengo pulsadores, caja fuerte, cámaras, cristales blindados...». Pero «resulta que la caja de seguridad tiene que ser otra», lamenta.
«Es la ruina total»
Barrueco asegura que esta sanción supone «la ruina total, somos un negocio familiar, la tienda tiene solo 8 metros cuadrados» y que «ahora tengo que invertir 8.000 o 10.000 euros para poner lo que falta». A eso le suma la sanción, «son 20.000 euros, pero con la rebaja del 40 por ciento si pago en diez días, se queda en 12.000». Un montante total que le obliga «a pedir un préstamo».
El caso de Isabel Mir es distinto, pues, además, «yo trabajo con plata, no con oro, ¿para qué quiero una caja de seguridad de 3.000 euros si no tengo ese valor en piezas», denuncia la artesana. «Ya tenía una alarma», la cual considera que ya ofrecía suficiente seguridad, teniendo en cuenta que se trata de un pequeño taller. «Ahora he tenido que invertir 10.000 euros para poner cámaras, la caja fuerte, sistema de registro de imágenes, sensores sísmicos en las paredes por si alguien quiere entrar por ahí, pulsador de alarma, puerta blindada», enumera. En definitiva, «es un sinsentido, es totalmente desproporcionado».
A la inversión suma la sanción de 20.001 euros, pues pretende recurrir, con lo que pierde la opción de rebajar la cuantía. Con todo, «me atrevo a decir que esto atenta sobre los derechos de las personas».
«Si yo trabajara con oro ya me habría preocupado de tener más medidas de seguridad, pero no me hacen falta», insiste la joyera del casco antiguo de Ciutadella.
Las inspecciones realizadas han motivado numerosas intervenciones en el sector. Otro artesano del gremio, Joan Bagur, ya tenía medidas de seguridad en su taller, pero aun así «he tenido que instalar todo lo que me han pedido». La inversión ha rondado igualmente los 10.000 euros, un gasto muy difícil de cubrir para este tipo de negocios y con el riesgo de ser sancionado «con 30.000 euros», según le advirtieron los agentes.
La ley
Fuentes de la Policía Nacional confirmaban la imposición de, «solamente», tres sanciones de entre las 18 inspecciones realizadas. Uno es de Ciutadella, otro de Es Castell y uno más de la zona centro. Entre estos, dos se dedican a la venta y otro también elabora joyas. Estas fuentes defienden que no existe afán recaudatorio, sino que se trata de adecuarse a la normativa vigente. «En mayo se avisó de las deficiencias y en septiembre se comprobó si estaban al día», señalan, a la vez que aseguran que «son sanciones por incumplir varias cosas, no solo una, y se ha dado tiempo» para corregirlas.
Mes acabat que en naranjitoYa ponen multas por eso,habrá que quitarse la escopeta del abuelo.......