El departamento de Ordenación Territorial y Turística del Consell ya ha impuesto este año más de un millón de euros en multas por alquiler turístico ilegal. Se trata de una cifra que seguirá aumentando, puesto que los inspectores insulares no cesan de trabajar en nuevos casos.
En lo que va de año, el Consell ha abierto un total de 32 expedientes por alquiler temporal ilegal de viviendas, una cifra que continuará incrementándose a medida que se vayan tramitando las infracciones detectadas que todavía están pendientes de instrucción. Concretamente, y según señala el director insular de Vivienda, Agenda Urbana, Innovación y Ocupación, Jaume Fedelich, son una cincuentena los expedientes que están pendientes de instrucción, a pesar de que los inspectores ya han concluido la labor investigadora.
El año pasado, el Consell abrió un total de 57 expedientes con sanciones que sumaron 1,84 millones de euros. Desde la Conselleria de Ordenación Territorial y Turística defienden que nunca se había hecho tanto trabajo para luchar contra la oferta ilegal de este tipo de alojamiento. «Se detectan infracciones de manera continua, tanto en las zonas aptas para este tipo de actividad previstas en el Plan Territorial Insular (PTI), como en las no aptas, como los núcleos urbanos tradicionales», afirma Fedelich.
En este sentido, se espera que el cambio de actitud de Airbnb, la principal plataforma de alquiler vacacional, que ha retirado algo más de un millar de anuncios sin un número válido de licencia y está llegando a acuerdos con las administraciones para combatir el fenómeno, tenga un efecto positivo. A pesar de ello, el director insular avisa que cada vez es más difícil detectar las infracciones, puesto que los anunciantes recurren a canales más difíciles de detectar, como las redes sociales.
El Consell afirma que siempre gana
Una vez impuestas las multas, desde el Consell explican que muchos sancionados pagan antes del plazo de ejecución para reducir el importe, aunque otros presentan alegaciones, por lo que a menudo el cobro de las sanciones se acaba alargando, incluso durante años.
No obstante, desde la institución advierten que siempre se consigue hacer efectivo el pago. Para ello, el departamento de Tesorería puede llegar a recurrir al embargo de bienes en la fase ejecutiva, como ha ocurrido recientemente con una ciudadana británica a la que se le ha embargado una vivienda en la Comunidad Valenciana para hacer efectivo el cobro de la cantidad adeudada.
«Los procedimientos y los expedientes son muy garantistas, porque las sanciones son elevadas. Por ello, en los últimos 25 años el Consell solo ha perdido un contencioso; es decir, que la gente siempre acaba pagando», afirma Fedelich.
Desde el pasado mes de abril, con la entrada en vigor del decreto-ley contra la oferta ilegal del Govern, los propietarios de viviendas que las dediquen ilegalmente al alquiler turístico se enfrentan a multas de entre 50.001 y 500.000 euros si se considera que han cometido una falta muy grave.
esfumadoSi es lo que yo digo... quiem dice lo contrario es otro. Yo se que ganan millones y que tienen margenes brutales.