La futura balsa de riego de Sant Lluís, que promueve el Govern balear para favorecer la reutilización del agua que sale de la estación depuradora, cuenta ya con una comunidad de regantes integrada por trece propietarios, además del Ayuntamiento, que reúnen una veintena de parcelas. De estos, en la actualidad son cinco los que tienen declarado el uso de regadío en su ficha catastral que se puede consultar a través del visor Sigpac del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En algunas de estas la actividad agrícola es muy baja, según aseguran propietarios de la zona. La superficie declarada como regadío por estas propiedades ronda las 39 hectáreas, sobre un ámbito de actuación total previsto para la balsa de unas 170 hectáreas.
Esta circunstancia ha provocado que distintas fuentes conocedoras de la actuación y consultadas por este diario cuestionen la idoneidad del proyecto, al entender que no existe en estos momentos una demanda de agua para usos agrarios que lo justifique, más aún cuando se trata de una inversión que supone un desemboloso ocho millones de euros (unos 400.000 euros por parcela, unos 200.000 por cada hectárea actual de regadío), con un importante consumo de territorio y despliegue de tuberías.
Un informe de evaluación ambiental sobre el proyecto de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural confirmaba en 2023 que las hectáreas de regadío en la zona eran una cuarta parte del total. En el mismo documento se indica que «con la ejecución del proyecto se conseguirá un aumento de esta superficie hasta las 155,2 hectáreas, lo que supone una transformación del uso del suelo de 115,74 hectáreas». Esto casa con los planes de Agricultura de aumentar el regadío de la Isla a cinco años vista para que el campo sea más rentable, sobre los cuales informó hace apenas unas semanas este mismo diario. No obstante, el citado informe indica que este potencial de transformación en la zona rural de Sant Lluís quedará bastante limitado por la propia capacidad de depuración de la EDAR, que ya cuenta con una agrupación de usuarios del agua depurada para otros cometidos. Entre ellos, hoteles.
Pequeñas parcelas
Además, convertir un suelo existente en regadío es una operación que viene limitada por el Plan Territorial Insular, si bien se dan más opciones si se va a emplear para ello agua depurada. Una de las condiciones para convertir un suelo en regadío es que se trate de una actividad profesional, para lo cual debe estar registrada como tal. Cabe señalar al respecto que la mitad de las parcelas inscritas en la comunidad de regantes no alcanza o supera por poco la hectárea de superficie, es decir, son pequeñas propiedades inscritas a nombre, casi todas ellas, de particulares.
Personas conocedoras de los detalles del proyecto consideran un error este planteamiento, puesto que entienden que la tendencia en la Isla debe ser reducir el consumo de agua, no instigarlo aunque sea depurada. El hecho que el agua, con una previsión que supera los 200.000 metros cúbicos anuales, se suministre sin coste alguno para los usuarios agravaría, apuntan, esta tendencia a promover el consumo. En sus aportaciones al informe ambiental del proyecto, el GOB apunta al tema del dinero, ya que, según la documentación publicada, no hay dispendio alguno por parte de los propietarios que recibirán el agua para el riego, lo que iría en contra del imperativo legal de recuperación de costes en esta materia.
Ante todas estas dudas, a las que se suma el hecho que se desconoce el volumen actual de consumo de agua en la zona y se ha comprobado su elevada salinidad, el GOB reclama en sus alegaciones que el proyecto se frene mientras no existan garantías claras de que la balsa va a conllevar un ahorro significativo de las extracciones. Otras fuentes recuerdan que el proyecto piloto de infiltración de agua depurada en el acuífero abrió un camino de reutilización que no se ha continuado sin explicación conocida.
Sin datos
En sus alegaciones al proyecto, el GOB lamenta la falta de información existente sobre el agua actual que se consume en la zona de la comunidad de regantes y cuántos pozos están realmente activos, regulados y cumpliendo los niveles legales en cuanto a la profundidad de las bombas de extracción, un problema endémico en la Isla. Apunta que en la zona existen medio centenar de pozos, la mayoría sin detalles al respecto. El mapa de concesiones de extracción de agua del IDEib sitúa seis pozos en las parcelas que aparecen en la lista de beneficiarios de la balsa de riego. El GOB solicita tener más información sobre el impacto de los nuevos regadíos en la ya alta salinidad del acuífero.
ASI COMO ESTA PLANTEADO RUINA TOTAL , DINERO MAL GASTADO E INVERTIDO: Y QUE CONSTE QUE SE HABIA PRESENTADO UN PROYECTO CON UNA ALTERNATIVA CON TRES OBJETIVOS MUY RELEVANTES Y CAPAZ DE REGAR MAS DE 1.000 HECTAREAS CON UN COSTE SIMILAR. ASÍ SE PRESENTO EL PROYECTO ANTE LA CONSELLERIA DE AGRICULTURA DE BALEARES, EL CONSELL DE MENORCA Y ANTE LA CONSELLERIA DE LOS FONDOS EUROPEOS, OBTENIENDO LA CASIFICACION DE PROYECTO ESTRATEGICO. Con esta actuación se puede valorar y ver cual es la actuación de los dirigentes de Agricultura de Baleares hacia el sector Agroindustrial y ganadero, así como lo que representa en sobrecostes de más de un 30% que deben soportar todos los Consumidores de Menorca.