Durante la comparecencia de ayer ante los medios con motivo de la celebración del Consejo de Navegación y Puerto de Maó, el presidente de la Autoridad Portuaria de Balears (APB), Javier Sanz, y el director, Toni Ginard, presentaron el balance de actuaciones y el plan de inversiones para los próximos años.
Durante su intervención, destacaron su compromiso con la preservación del carácter social de la rada mahonesa. «Mantenemos el compromiso firme de conservar la gestión directa que tenemos actualmente», subrayó Sanz. Sin embargo, de los datos que ofrecieron se desprende que solo uno de cada tres amarres del puerto está bajo gestión pública.
Según la APB, en la actualidad, de un total de 1.674 amarres en el puerto de Maó, 1.076 corresponden a puntos de atraque de gestión indirecta, es decir, gestionados por empresas externas mediante una concesión.
Por otro lado, existen 598 amarres de gestión directa de embarcaciones de hasta ocho metros de eslora, de los cuales 396 son fijos y 202 son de carácter temporal. De esta manera, los amarres públicos representan el 35,7 por ciento del total.
Esta situación provocó las quejas, el pasado mes de septiembre, de la asociación de usuarios de amarres de gestión directa Es Jonquet, que denuncia la privatización del puerto, la cual, a su parecer, está siendo impulsada desde Puertos.
55 usuarios recolocados
En este sentido, desde la APB se explicó que en 2025 se adjudicó a la empresa Next Port Nautical Experience la gestión, por once años, de los amarres de náutica deportiva del Moll de Ponent, lo que incluyó el traspaso a gestión indirecta de 55 amarres que hasta el momento eran gestionados directamente por la APB.
De estos amarres, un total de 37 usuarios manifestaron su deseo de incorporarse a la nueva concesión, mientras que únicamente trece optaron por mantenerse en gestión directa en otros puntos. Otros cinco usuarios tuvieron que rescindir el contrato debido a que sus embarcaciones superaban los ocho metros de eslora. Toni Ginard aseguró que, en estos casos, se mantuvieron conversaciones con todos los amarristas para ofrecerles la opción de continuar con la gestión directa si así lo deseaban. «Mantenemos el compromiso de no eliminar los amarres de gestión directa, a menos que los propios usuarios lo decidan voluntariamente», señaló.
Ginard también aseguró que las condiciones para las embarcaciones de menos de ocho metros, tanto en gestión directa como indirecta, son las mismas. «Los precios que se están pagando son prácticamente iguales. De hecho, las condiciones de la gestión indirecta son incluso mejores, ya que incluyen algunos servicios adicionales», recalcó.
Por su parte, Javier Sanz aseguró que el objetivo de la APB es reordenar el puerto de Maó para mejorar su eficiencia, concentrando la gestión directa especialmente en la zona de Es Jonquet. «Lo más importante es optimizar los espacios y reducir la lista de espera», subrayó.
Acabarán en prisión...por prevaricar...por anteponer lo privado al interés general... Ap corruptos....tiempo al tiempo