El empresario Valeriano Allés ha solicitado a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) que se sancione a la Dirección General de Recursos Hídricos y al Ayuntamiento de Ciutadella por la sobreexplotación, entre 2008 y 2022, de los pozos de Ses Arenes de Dalt pese a que, con posterioridad a su denuncia, uno de ellos ha sido clausurado y el otro, autorizado por la administración.
El cierre de los pozos, cuya sobreexplotación ha originado la investigación de la Guardia Civil y la posterior apertura de diligencias penales contra la exconcejal de Aguas y el ingeniero municipal, «no satisface extraprocesalmente» las pretensiones del denunciante. La razón argüida es que la multa de 6.000 euros impuesta en su día al Consistorio se considera insuficiente y que la sobreexplotación ininterrumpida de las captaciones durante 14 años ha aumentado la salinidad del acuífero.
En un escrito dirigido a la Sala, el empresario dice que es «incuestionable» la ausencia de autorización para explotar los pozos por parte de las dos administraciones demandadas y les reprocha que, según los datos aportados por éstas, la presencia de cloruros haya llegado a triplicar el máximo permitido por la normativa sanitaria. En uno de los pozos, remarca, ha habido incluso un 2.545 por ciento más de cloruros y se ha sacado más caudal del autorizado, hasta 18 metros por debajo de la cota máxima permitida. Así que, concluye, en algunos momentos el agua no ha sido potable ni apta para el consumo humano.
El escrito de conclusiones de la acusación culpa al Ayuntamiento de haber realizado una «inadecuada, abusiva, ilegal e incorrecta explotación de los pozos cedidos» por Valeriano Allés, por lo que pide a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que clausure la extracción de estas captaciones. El denunciante considera «evidente» que, «como reconoce la propia administración», desde el 15 de mayo de 2008 carecen de autorización. De hecho, la Dirección General de Recursos Hídricos incoó un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento por instalar mecanismos de elevación o impulsión y extracción de las aguas subterráneas sin el debido permiso.
Más previsión
El Consistorio, que se ha personado en calidad de codemandado en el contencioso, ha pedido al tribunal que imponga al denunciante el pago de las costas del proceso.
Valeriano Allés denunció los hechos en diciembre de 2021, cuando solicitó la clausura de los polémicos pozos. La administración desatendió su reclamación, lo que le llevó a interponer un recurso de alzada, que fue igualmente desestimado. Fue entonces cuando acudió a la vía contenciosa ante los tribunales de Palma.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil abrió en consecuencia una investigación por un delito contra el medio ambiente y denunció los hechos ante el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Ciutadella que, desde entonces, instruye una causa contra el ingeniero municipal Joan Moll y la exconcejal Noemí Camps.