El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ciutadella mantiene la imputación contra el ingeniero municipal Joan Moll y la exconcejal de Aguas, Noemí Camps, por un presunto delito medioambiental y contra la salud pública, cuando se cumplen ya más de 15 meses desde que la Guardia Civil entró la denuncia del llamado ‘Caso Pozos’ en sede judicial.
Año y medio después de su detención y posterior declaración en el cuartel como investigados, la jueza sustituta María Ángeles Llinares no ha variado la situación procesal de los dos únicos encausados. Quiere esperar a conocer la evolución histórica de los niveles de nitratos, cloruros y demás indicativos de salubridad en los pozos que abastecen a la población de Ciutadella para así constatar si en algún momento se ha puesto en peligro la salud de las personas.
Por ello, pocos días después de tomar declaración a Moll y Camps, el pasado mes de mayo, dirigió un oficio a la Dirección General de Recursos Hídricos del Govern balear para que le haga llegar toda la documentación alusiva al respecto, una información sobre la que todavía no se ha dado traslado a las partes.
Documentación
Según ha podido saber este diario, el ingeniero municipal responsable del servicio de Aguas ha aportado documentación para intentar demostrar que en todo momento se han seguido los procedimientos administrativos correctos, refrendados incluso por la Junta de Gobierno. También ha negado cualquier episodio de sobreexplotación que haya puesto en riesgo a la población y ha precisado ante la jueza que, en todo caso, el control y seguimiento de las masas de agua compete al Govern balear.
De hecho, en el entorno de la investigación ha causado extrañeza que no se haya extendido el cerco también en torno a la administración autonómica, o que se hayan limitado las responsabilidades municipales a la que en aquel momento era concejal de Aguas, sin apuntar más arriba.
Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) dieron por cerradas las diligencias sin apuntar otras responsabilidades, aunque valoraron hasta el último momento extenderlas también a la entonces alcaldesa Joana Gomila.
La documentación que aporte la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua se antoja esencial para la continuidad o no de las diligencias, ya que se da por supuesto que, en caso de no probarse la insalubridad, la defensa solicitará la absolución de los dos investigados.
Desde 2022
La operación se inició el verano de 2024, cuando dos agentes y un inspector del Seprona de la Guardia Civil irrumpieron en el Ayuntamiento de Ciutadella para requisar documentación y tomar declaración a técnicos y políticos municipales, así como a algunos concesionarios privados del servicio de aguas.
El origen de la investigación se remonta a 2022, a raíz de la demanda que el empresario Valeriano Allés interpuso contra el Govern balear por la presunta sobreexplotación durante 14 años de los pozos de Ses Arenes de Dalt, de su propiedad. Según la denuncia, allí llegó a extraerse agua del acuífero salinizado a una profundidad de hasta 30 metros por debajo de lo permitido.
El alcance de la investigación se ha ampliado y también analiza la gestión de otros pozos y captaciones de agua, entre ellas las del depósito municipal de Es Caragolí.