Un centenar de casas sin licencia en el campo de Menorca ya tramitan su legalización urbanística

El proceso extraordinario de legalización de edificaciones en suelo rústico abierto por el Govern de Marga Prohens a través de la polémica ley de simplificación administrativa empieza a coger vuelo en Menorca. Por el momento un total de 99 propietarios de hortals –construcciones levantadas en el campo sin contar con licencia de obras– se han acogido a esta suerte de amnistía onerosa decretada por el Ejecutivo balear y ratificada por el Consell. Han presentado el preceptivo proyecto de legalización ante los ayuntamientos y decenas de las solicitudes ya han recibido el visto bueno. A tenor de las consultas previas que están recibiendo los consistorios, se espera que lleguen más.

La respuesta a la disposición adicional séptima de la ley balear de simplificación administrativa se ha disparado en los últimos seis meses. No en vano, en junio el Colegio Oficial de Arquitectos de Balears –que debe visar los proyectos– informaba de que desde junio de 2024 solo habían registrado 18 expedientes, ahora ya son 99. Cada vez más propietarios de construcciones ilegales en el campo menorquín están apostando por una legalización que, aunque costosa, sale muy a cuenta si se tienen toma en consideración la gran revalorización de los inmuebles una vez dejen de estar fuera de ordenación.

La progresiva aprobación por parte de los ayuntamientos de los criterios específicos que se requieren para la legalización explica que, aclaradas buena parte de las dudas que en un principio atenazaban a los dueños, haya repuntado notablemente el ritmo de entrada de solicitudes, sobre todo en aquellos consistorios que han optado por condiciones más laxas que –siempre dentro de los mínimos que establece la ley autonómica– facilitan el cumplimiento de una normativa impugnada por la izquierda y los grupos ecologistas.

Tres años para acogerse

La ventana legal que se ha abierto tiene fecha de caducidad, tres años a contar desde la adopción definitiva de la ley por el pleno del Consell, en marzo de 2025. Todavía no se ha cumplido el primer año y ya son un centenar de casos, una cifra que, no obstante, cabe poner en el contexto insular, donde se estima que hay unos 3.000 hortals que en principio cumplirían los dos principales requisitos, que la infracción urbanística haya prescrito –deben pasar ocho años– y que no hayan sido objeto de un expediente sancionador por parte del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de Menorca o del Ayuntamiento, en el caso de Es Migjorn, el único que no forma parte del ente y que no ha aprobado los criterios municipales.

Cabe recordar que la legalización no sale gratis. Los propietarios no solo tienen que hacer frente a las tasas e impuestos previstos por la normativa para nuevas edificaciones –las abonan como si la construcción fuera de nueva planta–, sino que deben hacer frente a una especie de multa, técnicamente una «prestación económica» que va aumentando a medida que pasa el tiempo. En el primer año, todos los casos registrados hasta la fecha, es del diez por ciento del coste de ejecución material del proyecto, es decir, no de las actuaciones previstas para poder cumplir con los requisitos, como la instalación de fosas sépticas o de eficiencia energética, sino de todo el proyecto de construcción. El segundo año esa especie de sanción sube al 12,5 por ciento y en el tercero, de marzo de 2027 a marzo de 2028, al 15 por ciento.

Legalizadas tienen más valor

Son cantidades elevadas para las que los propietarios tienen que tener cierta capacidad económica, aunque fuentes del sector inmobiliario aseguraban ayer que no tienen punto de comparación con los réditos que puede dar en una eventual venta la revalorización de un inmueble –algunos de ellos son auténticos chalés– que pasa de ser considerado ilegal a estar plenamente integrado en el marco de la ordenación urbanística.

Este diario ha podido confirmar que de los 99 expedientes que han recibido en los ayuntamientos al menos 22 ya han sido informados favorablemente. La ley da a los ayuntamientos seis meses para resolver los expedientes; en caso contrario, se considera el silencio administrativo como positivo, aunque hay que tener en cuenta que, si no se cumplen estrictamente los requisitos, inspecciones posteriores pueden dar muchos problemas a los dueños.