El procedimiento de legalización de construcciones en suelo rústico aprobado en 2024 por el Govern da margen a los ayuntamientos para que impongan sus propios requisitos específicos para –siempre dentro del nuevo marco legal– ponérselo más fácil o más difícil a los propietarios. Los intentos del Consell de marcar unos criterios únicos en toda la Isla fracasaron y los consistorios han hecho cada uno la guerra por su cuenta, por así decirlo. Apenas han pasado algunos meses desde que se aprobaron los primeros reglamentos y el efecto de esta divergencia, al menos sobre el papel, es patente.
El caso más llamativo es el de Ciutadella, donde se estima que hay unos 2.000 hortals y que, sin embargo, más de medio año después de aprobar las condiciones más estrictas de la Isla, solo está tramitando 22 expedientes. También en Maó, donde está claro que no hay tantos núcleos urbanos rurales fuera de ordenación, se ha registrado un bajo número de solicitudes, tan solo diez. Y eso que el de Llevant fue el primer en dejar negro sobre blanco los requisitos, a finales del mes de abril del año pasado.
En el otro lado de la balanza se sitúa Sant Lluís, donde ya se ha registrado la entrada de 35 proyectos de legalización. El Consistorio que dirige Loles Tronch está mostrando además una gran agilidad en su resolución. La alcaldesa confirma que ya se ha dado el visto bueno a 21 legalizaciones, que obviamente generarán unos ingresos que deben destinarse a mejoras medioambientales o de vivienda. Sant Lluís, gobernado por el PP, se ha mostrado desde el principio proactivamente a favor de este procedimiento para dar una solución a construcciones en el campo a las que ya no se puede multar, que están fuera de ordenación y sin ningún control sobre sus efectos sobre el medio ambiente.
A nadie se le escapa que los ayuntamientos gobernados por la izquierda han optado por medidas más estrictas, generalmente relacionadas con la eficiencia energética, mientras que los del PP han optado por ser más fieles a las disposiciones de la normativa del Govern.
En este sentido también llama la atención el caso de Alaior, donde ya se están tramitando 15 solicitudes, y el de Es Mercadal, que va por diez, una cifra que previsiblemente aumentará a medida que se concreten las consultas previas que están realizando los dueños. El único pueblo que no tiene solicitudes por el momento es Ferreries, mientras que Es Migjorn, aunque no se pueden tramitar a la espera de que se reincorpore el arquitecto –de baja–, ya tienen sobre la mesa dos proyectos.
Me parece muy arriesgado para los Ayuntamientos legalizar ya los hortales sin que se haya pronunciado el Tribunal Constitucional sobre la ley. Imaginemos que ahora, un santlluiser con un hortal legalizado lo vende como legal por 800.000€ a un extranjero, el TC tumba la ley y al final esa casa sigue siende ilegal/alegal. Quién pagará la indemnización al extranjero? Nosotros...el resto, con nuestros impuestos. Mucho cuidado con legalizar antes de que se pronuncie el TC.